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ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA Guillermo Tribín Piedrahita |
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Convencida como está de su victoria en el referendo revocatorio
del mandato del actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la
oposición democrática dio a conocer el 9 de julio de 2004 un ambicioso
“programa de gobierno”, en el que destaca la apertura de la
industria petrolera a la inversión privada y una postura diferente a la
sostenida hasta ahora en la Organización de los Países Productores de
Petróleo (OPEP).
El referendo revocatorio del mandato de Chávez se celebrará el
próximo 15 de agosto, de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo
Nacional Electorales (CNE) el pasado 8 de junio, y los venezolanos
tendrán que responder SI o NO a la pregunta que ese organismo hizo
público con 60 días de antelación -el 15 de junio-, y que la
oposición concretada en la Coordinadora Democrática (CD) aceptó,
aunque la calificó de “tendenciosa”.
Tanto el gobierno como la oposición han venido realizando, desde
el 3 de julio, intensas campañas para despertar el “apetito
electoral” de los venezolanos y obtener la más amplia participación
en esa “decisiva jornada”, como ambas partes la han calificado.
Para que la oposición obtenga su propósito de retirar del poder
a Chávez –cuyo mandato vence el 19 de agosto de 2006- tendrá que
haber depositado en las urnas un total de 3.757.775 votos y, desde
luego, que el presidente no supere esta cifra. El censo electoral
venezolano alcanza a 12.1 millones de personas.
La lucha de la oposición, a través de actos públicos,
reuniones, propaganda, etc. se centra en contrarrestar la actitud del
gobierno que está otorgando favores públicos a las gentes con el
objeto de lograr su apoyo, mediante entregas de créditos a trabajadores
mineros del sur del país, ayudas para la educación y otros recursos,
sacados del erario público, y muchos “si estar presupuestados”.
El “programa de gobierno” presentado por un grupo opositor
durante una conferencia de prensa se denomina “Consenso país,
propuestas de políticas públicas para un gobierno de unidad para la
conciliación y la reconstrucción nacional” y el cual dio a conocer
públicamente el dirigente Diego Bautista Urbaneja,
quien expresó su confianza porque la Coordinadora Democrática le
otorgue “su apoyo total” durante el presente mes.
En un total de 117 páginas se señalan e indican las bases
genéricas para un gobierno de transición que permanezca en el poder
desde septiembre de 2004 hasta principios de 2007 cuando serían
convocadas los comicios generales que servirían para elegir
al nuevo mandatario. De acuerdo con la Constitución venezolana, el 15
de septiembre deberá elegirse el mandatario que presidirá
transitoriamente el ejecutivo nacional.
La apertura de la industria petrolera es básica, porque como lo
indicó Bautista Urbaneja, “hay que abrir
el sector de hidrocarburos a la inversión nacional e internacional en
todos sus niveles de actividad”. Para lograr este objetivo,
posiblemente se “requeriría una reforma de la ley de la materia”.
Venezuela es el quinto país productor de petróleo y el “oro
negro” constituye la
principal fuente de ingresos. Actualmente es uno de los miembros de la
OPEP, pero según Bautista Urbaneja, aunque
el gobierno transitorio mantendrá al país en este organismo, lo
“reorientará no hacia una mera defensa de los precios sino que se
ponga más al día en función de atisbar los riesgos tecnológicos e
intereses de largo plazo de países miembros”.
El “programa de gobierno” desea buscar otras fuentes
efectivas de ingresos para evitar que la economía venezolana dependa
exclusivamente de los “vaivenes actuales”, dijo Bautista, y para
ello “buscará maximizar el impacto que este sector tiene, manejando
la industria con políticas de producción, precios y regalías, basados
en criterios flexibles y pragmáticos”.
Será necesario, para garantizar la efectividad del programa
petrolero, modificar varios artículos, leyes y reglamentos, aunque
dentro de la actual Constitución, la oposición considera que puede
también ejecutarse, pero Bautista Urbaneja
sostuvo en el encuentro con los periodistas que “habría que modificar
algunas leyes, el ejemplo más claro es la ley de hidrocarburos” para
hacerlo más viable.
Otros aspectos relacionados con programas sociales, reformas
constitucionales, reorientación de la política exterior, menor
dependencia política de Cuba sin ser un aliado sumiso de Estados
Unidos, son puntos
importantes que consagra el “programa de gobierno” de la oposición.
Uno de los cambios políticos que propone el plan es el de
recortar el periodo presidencial, que en vez de los seis años actuales
deberá quedar únicamente en 4, porque “un buen presidente puede
hacer mucho bien en 48 meses, pero un mal presidente puede hacer mucho
daño en ese mismo periodo de tiempo y muchísimo más si continúan los
72 meses actuales”, a juicio de los autores del plan.
Es también propósito del programa realizar a fondo una
“reorientación de la política exterior” destinada a recobrar la
deteriorada imagen internacional que tiene actualmente Venezuela, y
únicamente pensada y diseñada en lo que “le conviene al país y no
en exportar una revolución”, como se lo “ha propuesto el actual
gobierno contando con el decidido apoyo del dictador cubano Fidel
Castro”
Lo que Bautista Urbaneja denominó
las “misiones” o “programas sociales de Chávez”, en los que ha
participado el gobierno cubano, también serán objeto de reforma si se
revoca el mandato del actual presidente, pero no para eliminarlos
totalmente sino para “otorgarles un carácter más universal y mejorar
su control financiero”, a la vez que recuperar otros que el actual
gobierno eliminó a pesar de favorecer a las clases más pobres.
Otra de las reformas de las leyes tiene que ver con la de
Tierras y el otorgamiento de terrenos a los campesinos “a través de
cartas agrarias”, el fortalecimiento de la descentralización
regional, la recuperación institucional de las Fuerzas Armadas y el
desarme obligatorio de la población civil que está “ilegalmente
armada” y que con el actual gobierno se ha puesto de manifiesto porque
los seguidores de “Chávez han promovido continuamente incidentes
armados, originando víctimas mortales y heridos”.
El programa ofrece en su aspecto socio-económico, la creación
de 280.000 puestos de trabajo en seis meses y 900.000 en un año,
mediante la reactivación de la economía, fundamentalmente “de la
industria de la construcción”, pero también a través de la
industria y el comercio, para rebajar considerablemente la cifra de
desempleo y evitar que continúe creciendo la pobreza
Este programa quiere que el próximo gobierno de unidad nacional,
”cuente con el absoluto respaldo de toda la oposición venezolana para
que así se obtengan resultados evidentes que redunden en el beneficio
de la población no solo en sus aspectos económicos y sociales sino en
la recuperación de sus derechos humanos, ahora tan pisoteados”.
Hay que buscar, indudablemente nuevas opciones de gobierno,
porque contando con ellas, Venezuela podrá recuperar su prestigio y,
sobre todo, ser vista de nuevo, como una nación activa, en constante
desarrollo y progresión y con sus gentes dispuestas a colaborar
totalmente con el ejecutivo para que se alcancen los mejores objetivos.
Pero, por sobre todo, está obligada a “recuperar plenamente la
libertad para todos los venezolanos y a acabar, de una vez por todas,
con las desigualdades y los enfrentamientos que han promovido Chávez y
su gabinete”, en los últimos cuatro años. |