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ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA Guillermo Tribín Piedrahita |
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Israel está realizando una “obra ilegal” en Cisjordania con
la construcción del “Muro de la Vergüenza” y debe de suspenderla,
señaló la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una sentencia dada
a conocer el 9 de julio de 2004, tras 142 días de deliberaciones, desde
que el pasado 23 de febrero se iniciaron las audiencias en La Haya.
Aunque la sentencia, que leyó el juez chino Dhi
Jiuyong, presidente de la CIJ, no es
vinculante, sí tiene la “suficiente fuerza”, sobre todo de índole
moral, y comparte el criterio de la casi totalidad de la opinión
pública mundial acerca de que es una obra ilegal, indigna y humillante
en pleno siglo XXI y que el gobierno israelí del Primer Ministro, Ariel
Sharon, no debe continuarla bajo ningún
concepto.
La decisión de la CIJ fue recibida con entusiasmo por la
opinión pública mundial y con enorme júbilo por las autoridades y el
pueblo palestino, pero el gobierno israelí la rechazó de inmediato
señalando que no reconoce ninguna autoridad a ese Tribunal y que, por
tanto, no la considera válida, mientras Estados Unidos apoyó al
ejecutivo de Sharon porque “Israel tiene
el perfecto derecho a defenderse del terrorismo palestino”.
De acuerdo con la información oficial, la CIJ decidió la
sentencia por la abrumadora mayoría de 14 votos contra 1. Este último
perteneció al juez Thomas Buergenthal,
estadounidense, de origen judío.
“El muro que Israel construye en Cisjordania es ilegal, debe
ser destruido y los palestinos indemnizados”, señala el fallo
titulado “Implicaciones legales de la construcción de la barrera en
tierras palestinas ocupadas”, añadiendo que “el muro es ilegal y
obstaculiza la paz y el desarrollo social y económico en Palestina”.
Las audiencias de la CIJ comenzaron en La Haya el 23 de febrero
de este año, y el jefe de la delegación palestina, Naser
al Quidwa, expuso en esa oportunidad la
posición de su gobierno señalando que “el muro no tiene nada que ver
con la seguridad, ratifica la ocupación y la anexión de facto de
grandes porciones del territorio palestino”, a la vez que
“destruirá las esperanzas de la comunidad internacional en la
solución que prevé dos Estados viviendo uno junto al otro”.
Israel no acudió a esa cita por no reconocer la autoridad de la
CIJ, pero en una declaración escrita afirmó que “el procedimiento
ante la Corte intenta procesar las medidas tomadas por Israel contra el
terrorismo y no a los terroristas mismos”, y que “se concentra
únicamente en la calidad de vida de los palestinos y no en el derecho a
la vida de los israelíes”, posición que volvió a mantener al
hacerse pública la sentencia.
La idea del gobierno de Sharon es la
de construir un muro a lo largo de 800 kilómetros de 9 metros de alto,
y lo justifica señalando que es un “medio para impedir la
infiltración de suicidas palestinos en su territorio”. Hasta ahora ha
construido 180 kilómetros y en junio pasado el Tribunal Supremo
israelí no condenó la construcción en sí, pero pidió al ejecutivo
acortarlo y tomar otras medidas, en un intento por buscar acallar las
protestas internacionales por esa obra.
Como la sentencia constituye únicamente una recomendación, un
portavoz del gobierno israelí declaró a la prensa que “no tendremos
en cuenta una decisión que desde el primer momento se sabía iba a ser
parcializada, porque parece ser que a la CIJ le interesa más la vida de
los terroristas palestinos que la de los trabajadores de Israel”.
En el texto del fallo se indica que “Israel está bajo la
obligación de acabar con sus violaciones del Derecho Internacional,
cesando la construcción del muro construido en el territorio de la
Palestina Ocupada, incluyendo la parte en torno a Jerusalén Este”, y
la propia CIJ señala que “es competente para emitir su opinión
consultiva”, aunque Israel insiste en que “está impregnada de
contenidos políticos y no jurídicos”.
Además, el gobierno israelí dijo que como no reconoce la
autoridad de esa Corte, se prepara para realizar una amplia campaña con
la justificación de la construcción del muro, porque su único fin
“es evitar la infiltración de kamikazes”.
El primer ministro Sharon ha venido
diciendo insistentemente desde que comenzó la obra que ésta “no se
detendrá porque constituye una medida de protección contra el
terrorismo palestino” y que su gobierno está en la obligación
constitucional de defender la vida y honra de sus propios ciudadanos.
Para justificarla, además, se remite a los datos estadísticos
que a 31 de diciembre del año pasado se conocieron oficialmente y que
señalan que desde el comienzo de la “Intifada”
por parte palestina, el 29 de septiembre de 2000, las víctimas mortales
israelíes ascendía a 900, de las cuales 400 murieron como consecuencia
de los atentados suicidas, que se buscan evitar con el muro. Los
heridos, por su parte, alcanzaron la cifra de 5.000.
Hasta esa misma fecha, la cifra oficial de palestinos muertos en
las acciones militares de
Israel ascendía a 3.855 personas, en su gran mayoría civiles y de
ellos 211 en los “denominados “asesinatos selectivos”, mientras
los heridos y lesionados sumaban 37.862
y habían sido destruidas 4.727 casas en territorios palestinos.
La CIJ señala que la ilegal obra
es “una verja electrónica que en sus tramos urbanos se convierte en
un muro de hormigón de hasta nueve metros de alto”, y
que la pregunta de las consecuencias del muro “no puede ser
simplemente considerada una cuestión bilateral entre Israel y Palestina
sino que concierne directamente a las Naciones Unidas”.
Junto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Comunidad Europea ha pedido la paralización y desmantelamiento del
“muro de la vergüenza”, porque a juicio de la CE esa “valla de
seguridad” –como eufemísticamente la denominó inicialmente Israel-
constituye “una contradicción con la legislación internacional,
porque hará físicamente imposible una futura solución de dos
Estados” y porque “priva de servicios esenciales” a los
palestinos.
En la Asamblea General de la ONU, celebrada el 4 de diciembre de
2003, se consideró que “dentro de los efectos negativos para la paz
(en Oriente Medio) la construcción por el gobierno israelí de un `muro
de separación` ponía también en peligro la “Hoja de Ruta”, el
plan elaborado por Estados Unidos, La Comunidad Europea, Rusia y la
propia ONU y que les fue entregado a los dos gobiernos el 30 de abril de
2003.
Esa “Hoja de Ruta” consta de tres fases, y la primera, que
debía concluir el pasado 31 de diciembre no pudo ponerse en marcha, por
lo que parece totalmente imposible que para el año 2005, cuando
terminaba la tercera fase con la constitución del Estado Palestino y la
fijación de fronteras, pueda quedar satisfecho, aunque todos los
esfuerzos de los cuatro gestores y del mundo en general siguen
encaminados a que se encuentren la solución pacífica a los problemas
que afronta la zona.
La construcción de la obra, según la declaración que la CE
aprobó durante su reunión del 17 y 18 de noviembre de 2003 en Bruselas,
“podría prejuzgar futuras negociaciones y hacer físicamente
imposible una solución de dos Estados” y porque va “a causar más
dificultades humanitarias y económicas a los palestinos”.
Las posturas casi irreconciliables de israelíes y palestinos no
parecen dirigirse hacia soluciones concretas y satisfactorias para la
paz y muy seguramente la sentencia de la CIJ servirá de nuevo para
agitar las peores pasiones de los dirigentes y los gobernantes
en su propósito de seguir obstaculizando una negociación leal.
Es casi seguro que Israel no acepte las presiones
internacionales y que pase olímpicamente del fallo de la Corte porque
ya se ha andado un largo camino en la construcción del “muro de la
vergüenza”. Y es que tampoco los palestinos hacen nada a favor para
evitar los problemas con su vecino y ocupante. |