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ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA Guillermo Tribín Piedrahita |
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El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, afronta una nueva
situación de descontento en su país como consecuencia de la doble
conducta que adoptó al negar el aumento de la pensión para los mayores
de edad dispuesto por el Congreso Nacional y, en cambio, subirse su
sueldo hasta los 8.000 dólares mensuales, se conoció el pasado 5 de
julio en un país rico en petróleo pero con una población sumida en la
pobreza y la miseria en no menos del 80 por ciento de sus 12,2 millones
de habitantes.
Ese aumento, no obstante, no se detendrá en esa cantidad pues el
mandatario ha dispuesto que se vaya incrementando hasta llegar a 9.080
dólares por mes, cifra que le está vedada al
95 por ciento de los ecuatorianos y, de manera especial a los de
la tercera edad, muchos de los cuales reciben míseras pensiones de
entre 3 y 10 dólares/mes.
A finales de junio pasado el Congreso ecuatoriano aprobó una
resolución a través de la cual fijó en 135,6 dólares mensuales la
pensión mínima, pero el Jefe del Estado, la vetó porque el órgano
legislativo, a juicio de Gutiérrez, no señaló las “formas de
financiar el aumento”, según declaró a la prensa Carlos Pólit,
secretario particular de la presidencia.
Actualmente la pensión mínima alcanza, en promedio, a los 50
dólares mensuales, aunque hay un elevado porcentaje de ancianos que
tienen que mal vivir con 3 o 10 dólares al mes, “cifra ridícula e
indecente al lado de la millonaria que cobra el presidente”, según
dijo un portavoz del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
La FUT, poderosa Central sindical ecuatoriana, no solo protestó
por la “inadecuada e injusta decisión” del mandatario sino que
organizó una marcha en apoyo de los pensionistas, que recorrió varias
calles de Quito hasta llegar al Palacio Presidencial, para hacerle
conocer a Gutiérrez el malestar que ha originado a la mayoría de los
ecuatorianos la decisión de aumentarse su propio sueldo y de negar una
“retribución más justa” a los mayores.
También los jubilados participantes en la marcha reclamaron que
el Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) aumente en un 53 por
ciento las pensiones para todos los que tengan derecho a cobrarlas.
De acuerdo con lo declarado por Pólit, el gobierno no puede
autorizar la resolución del Congreso porque “la economía del país
no podría soportar un incremento como el propuesto por el
Legislativo”.
El gobierno de Gutiérrez se propone presentar próximamente al
Congreso una propuesta alternativa que permita aumentar las pensiones y
basado en la elevación de un punto porcentual –pasar del 12 al 13 por
ciento- del Impuesto del Valor Añadido (IVA), lo que a juicio de la CUT
influirá negativamente porque contribuirá a encarecer el “costo de
vida” y únicamente “servirá para que el poder adquisitivo sea
menor”.
Por eso en la marcha también se lanzaron consignas contra el
aumento del IVA y, como lo declaró a la prensa Mesías Tatamuez,
dirigente de la FUT, “el gobierno no ha tenido en cuenta otras formas
de financiación, como el uso de una cuenta de ahorro petrolero, cuya
menor cuantía está destinada al pago de la deuda exterior que tiene el
país”.
Sin embargo, el gobierno señaló que ese aumento del IVA
proporcionará unos ingresos equivalentes a 150 millones de dólares que
le permitirá al Estado asumir parte del incremento de las pensiones sin
que sean afectadas las arcas del IESS, ya de por sí soportando una
difícil situación económica porque no se ha tenido una política
adecuada para potenciarlas, y asegurar así el cumplimiento del
compromiso con los pensionados.
Numerosos diputados expresaron también sus dudas sobre la
posible ventaja económica que representaría el aumento del IVA y
dijeron que se opondrán en el Congreso a la aprobación del proyecto
gubernamental.
El diputado de la Democracia Popular (DP) Ramiro Rivera declaró
a la prensa que “el presidente Gutiérrez no tiene por qué descargar
en doce millones de ecuatorianos para sacar más dinero, cuando en las
Aduanas se mantiene una orgía de corrupción” y, a su juicio, “el
gobierno se hace el de la vista gorda para buscar cortarla de raíz”.
También los jubilados han criticado al gobierno por “el mal
uso” que hace de los fondos del IESS, ya que estos corresponden a
“las aportaciones obligatorias de todos los trabajadores
ecuatorianos” y han indicado que no cejarán en sus movimientos
reivindicativos hasta lograr que “se nos haga justicia” y que no
solo el presidente, sus ministros y los altos funcionarios “se
beneficien de los aumentos salariales y de otras ventajas
económicas”.
El gobierno ha señalado que mantiene una deuda con el IESS
equivalente a 500 millones de dólares, pero los pensionistas y
sindicalistas expresaron sus dudas porque creen que el monto total está
cercano a los 2.000 millones de dólares y que el ejecutivo presidido
por Gutiérrez debe “cancelarla prontamente”.
Como ya es costumbre en el gobierno de Gutiérrez, otra vez un
miembro de su gabinete, en este caso la ministra de Comercio Exterior,
Ivonne Baki, expresó pública y
oficialmente su discrepancia con la decisión del mandatario de subir un
punto porcentual el IVA, porque ello “afectaría la competitividad de
la producción nacional”, señalando también que no es “partidaria
de crear más impuestos”.
Desde que Gutiérrez asumió el mando, el 15 de enero de 2003, el
incremento del porcentaje de pobreza ha ido en continuo ascenso y, al
menos, el 60 por ciento de sus gentes se encuentran en esa situación,
mientras otro 20 está instalado en la miseria, de acuerdo con cifras
dadas a conocer en junio pasado por la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador (CONAIE), organismo que ha solicitado, incluso, la
renuncia del presidente en varias ocasiones.
Según CONAIE, el 50 por ciento del presupuesto del país,
equivalente a 6.950,8 millones de dólares “está destinado al pago de
la deuda pública externa, que asciende a un total de 11.393,2 millones
de dólares y representa el 39,3 del Producto Interior Bruto (PIB)”.
Además del nuevo enfrentamiento, ahora con los pensionistas,
Gutiérrez en el año y medio que lleva de gobernante, ha tenido que
soportar duras críticas sindicales, empresariales, políticas y de los
movimientos indígenas, que le reprochan su falta de capacidad y
liderazgo para presidir el país.
La más reciente protesta indígena tuvo lugar durante el
desarrollo de la XXXIV Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que se celebró en Quito entre el 6 y el 8 de junio
pasado. La organización indígena “Ecuarunari”
realizó durante esos días sendas manifestaciones en presencia de los
Ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio, para exigir la
renuncia de Gutiérrez. El 16 y 17 de febrero de 2004 se habían
efectuado en Ecuador otras marchas y protestas organizadas por la CONAIE
con el mismo propósito: que el mandatario dimita.
Las últimas encuestas tampoco favorecen al presidente pues un 57
por ciento de sus compatriotas rechaza su labor y desea su renuncia por
realizar una “política económica lesiva y perjudicial” y porque
está “favoreciendo la corrupción en vez de acabarla con firmeza”.
Los problemas se le acumulan al mandatario y Ecuador, según
diversos personajes de todos sus estamentos sociales, se encuentra
“prácticamente paralizado ante la ineficaz labor de un presidente al
que le quedó muy grande el cargo”, según dijo el diputado Rivera.
Todos quieren que renuncie, pero Gutiérrez, un ex coronel golpista, se
aferra a él sin importarle
el permanente deterioro que su país está sufriendo. |