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175
MILLONES DE EMIGRANTES EN EL MUNDO
Un total de 175 millones de emigrantes, el 3 por ciento de la población
mundial, existe en el mundo, de acuerdo con las cifras dadas a conocer
el 20 de mayo de 2004 en Panamá, donde se celebró la IX Conferencia
Regional de Migración, promovida por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
Los países miembros de la Conferencia acordaron en Panamá, con el
asesoramiento de la OIM, un amplio plan de acción encaminado a luchar
“más activamente contra la trata de emigrantes, en particular de
mujeres y niños”, dos de los sectores de la población más
vulnerables y perjudicados.
A esta reunión asistieron delegados de Belice, Canadá, Costa Rica, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana, y observadores de Argentina, Colombia,
Ecuador, Jamaica y Perú, además de representantes de distintos
organismos internacionales, de protección de emigrantes, integración y
derechos humanos.
De acuerdo con lo declarado a los periodistas por la directora adjunta
de la OIM, Nduiro Ndiaye, “en el marco de estos 175 millones de
emigrantes, una alta proporción está representada por las mujeres, una
cifra que se incrementa cada vez y que causa preocupación en el seno de
los gobiernos y de nuestra Organización”.
Estados Unidos y varios países europeos soportan actualmente un
“movimiento continuo, que va en ascendencia, de emigrantes de las
regiones suramericana y centroamericana”, dijo también la funcionaria
de origen senegalés.
El 12 de junio de 2003, tras la celebración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, la OIM y el Fondo Internacional de Ayuda a la Infancia
(UNICEF) alertaron sobre la gravedad de este problema migratorio y
señalaron que el tráfico de seres humanos se ha convertido en uno de
los principales negocios del siglo XXI generando entre 10.000 y 12.000
millones de dólares anuales.
Precisamente, el vicepresidente primero de Panamá, Arturo Vallarino, al
inaugurar la IX Conferencia señaló como un esfuerzo vital y necesario
el “combatir en forma integral y coordinada el tráfico ilegal y la
trata de personas”.
UNICEF afirmó por esa época, a través de la directora ejecutiva,
Carol Bellamy, que “aunque no existen cifras definitivas, se estima
que, al menos, 1,2 millones de niños “son víctimas del tráfico
humano entre países” cada año.
En la recientemente concluida Conferencia de Panamá, se adoptaron
medidas tendentes a garantizar el “retorno humano y digno, en
condiciones de seguridad” de emigrantes de la región y fuera de
ésta, así como otras relativas al mejoramiento del intercambio y la
tecnología de información sobre “movimientos migratorios”.
Precisamente en esta Conferencia también se analizaron los resultados
de la Convención Internacional de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), que entró en vigor el primero de julio de 2003, para luchar
contra la explotación y las violaciones de los derechos humanos de los
trabajadores migratorios y sus familiares.
Hasta esa fecha, 22 Estados habían ratificado esa Convención, que
considera que los trabajadores migratorios conforman un “grupo de
población especialmente vulnerable”, pues por su condición
migratoria en la gran mayoría de los países se le conculcan sus
derechos y se les obliga a trabajar durante arduas y extensas jornadas
con un “salario del miedo” como si fuesen “siervos o
esclavos”.
La OIM es consciente del grave problema que representa el tráfico de
personas en el mundo, pues “entre un tercio y la mitad de los
emigrantes a los países desarrollados son irregulares” y su
crecimiento ha sido en la última década equivalente a un 20 por
ciento. Para ese organismo, los gobiernos de los países afectados por
este fenómeno no “han tomado las medidas más convenientes para
combatir y castigar a los responsables de este delito”.
Hay que destacar, sin embargo, que la mayoría de aquellos 22 Estados
signatarios de la ratificación son “naciones de emigración” y que
los que tienen una inmigración más importante, no lo han hecho.
Los países que la han ratificado son Azerbaiyán, Belice, Bolivia,
Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Egipto, El
Salvador, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guinea, Malí, Marruecos,
México, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tayikistán, Uganda y
Uruguay.
Ninguno de los países europeos ni Canadá y Estados Unidos, Australia,
Emiratos Arabes Unidos, Israel, Japón, Jordania o Kuwait, con
inmigración importante, lo han ratificado.
La Convención de la ONU tiene dos aspectos innovadores: representa, por
un lado, un progreso considerable en la defensa de los derechos de los
trabajadores migratorios legales e ilegales y de sus familias, pues
abarca todos los aspectos y etapas del proceso de emigración, desde el
país de origen hasta el de destino.
Por otro, es fruto de la labor conjunta realizada por tres organismos de
la ONU: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como por la OIM y
diez Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que defienden los derechos
de los trabajadores migratorios.
El objetivo de la Convención es garantizar la igualdad de derechos
entre trabajadores nacionales y extranjeros, impedir condiciones de vida
y trabajo inhumanos, malos tratos físicos, sexuales y degradantes y
garantizar el derecho a la libertad de opinión, expresión y
religión.
Por eso la Convención estipula que los derechos de los trabajadores
indocumentados deben ser protegidos del mismo modo que los de los
migrantes con documentación, reconociendo los derechos de sus
familiares y con la recomendación de aprobar medidas que permitan la
reagrupación familiar.
La senegalesa Ndiaye dijo que uno de los problemas que afecta a la
región centroamericana está relacionado con la “trata de
emigrantes” por lo que la OIM está colaborando activamente con los
gobiernos de esa zona para la adopción de medidas que permitan
combatirla porque se están violando los más elementales derechos
humanos a millares de personas que se ven obligadas a emigrar de sus
respectivos países por diferentes causas, entre ellas, la pobreza y la
violencia.
Durante la IX Conferencia regional se conoció otro dato significativo:
Desde Estados Unidos, los mexicanos emigrantes enviaron a su país
durante el año 2003 un total de 14.000 millones de dólares y México
tuvo que desembolsar dos millones de dólares para repatriar a los
180.000 centroamericanos que Estados Unidos expulsó de su país.
El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de
México, Armando Salinas, asistente a la reunión de Panamá, declaró a
los periodistas que Estados Unidos también devolvió el año pasado a
no menos de 400.000 emigrantes mexicanos.
La emigración constituye, hoy por hoy, uno de los principales problemas
y por eso es urgente que los gobiernos lo encaren con decisión y
busquen los mecanismos necesarios para obtener las mejores soluciones,
porque si no se hace ahora, se calcula que antes del año 2010 la cifra
de 175 millones de emigrantes que hoy se registra habrá aumentado hasta
aproximarse a los 250 millones, lo que sin duda, es una cantidad
escandalosa. Todos los países –migratorios e inmigratorios- deben
colaborar con absoluta honradez en la búsqueda de las mejores
soluciones para detener el “tráfico ilegal de personas”
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