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ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA Guillermo Tribín Piedrahita |
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El presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, denunció el 9 de
mayo de 2004, en Caracas, un posible atentado contra su vida, que
contaría con la participación de miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia (Auc), un grupo terrorista de
extrema derecha, 88 de cuyos miembros fueron detenidos a través de
varios operativos militares venezolanos.
“Paramilitares venían a matarme” denunció el mandatario en
su programa dominical “Aló, presidente”, quien definió la
operación de los extremistas como “un golpe”, pues consideró que
los 88 detenidos, posiblemente pertenecientes a uno de los tres grupos
terroristas que operan en Colombia, buscaban “derrocarlo y
asesinarlo”.
Desde Bogotá, el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez,
elogió la acción de las autoridades venezolanas y declaró a los
periodistas que el gobierno de Chávez “hace bien en capturar a
cualquiera que esté delinquiendo en ese país” pero, al mismo tiempo,
lo exhortó como a los otros gobiernos vecinos a que “nos ayuden
capturando delincuentes de Colombia, guerrilleros o paramilitares que
actúen allí”.
El Jefe de Estado colombiano ofreció toda la “ayuda que sea
necesaria al presidente Chávez para que se pueda conocer la verdad y
saber lo que estaban haciendo esos hombres de las Auc
en territorio venezolano”.
El gobierno colombiano ha venido insistiendo ante el que preside
Chávez para que preste su colaboración y no apoye a los grupos
terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)
y Ejército de Liberación Nacional (Eln),
tal como ha venido ocurriendo, aunque el mandatario venezolano
lo ha desmentido, a pesar de las acusaciones en este sentido de
varios gobiernos colombianos y de Estados Unidos.
Unas declaraciones muy poco diplomáticas y sin mostrar ninguna
prueba del embajador venezolano en Colombia, Carlos Rodolfo Santiago,
obtuvieron también la inmediata respuesta de la embajadora colombiana
en Caracas, Mariangela Holguín, quien
rechazó “enfáticamente que Colombia esté metida en cualquier tipo
de desestabilización de Venezuela”.
Santiago declaró en Bogotá que los “paramilitares detenidos
son ex militares colombianos y que alguien debe haberlos ayudado a
irse”, y señaló que “estamos investigando si tuvieron apoyo de
Colombia”, a lo que Holguín respondió: “Hemos tratado de colaborar
en lo que sea posible con el gobierno venezolano y hemos puesto al
servicio del mismo toda la información que necesite”.
También desde Bogotá, el ahora jefe máximo de las Auc,
Salvatore Mancuso,
negó que su banda terrorista haya “organizado un complot contra el
presidente Chávez” y aseguró que los miembros de esta llegan
únicamente hasta la frontera, “y son las Farc
y el Eln los únicos grupos colombianos con
presencia en Venezuela”.
“Rechazamos las acusaciones que se nos están haciendo desde
Venezuela por sus dirigentes, que solamente enfermos por el delirio
mesiánico de perpetuarse en el poder por la fuerza de una dictadura en
gestación, pueden alentar versiones tan alejadas de toda realidad”,
dijo Mancuso a la prensa de su país.
Negó que su grupo terrorista tenga “cualquier clase de
vínculos con la oposición venezolana” y afirmó que “no he enviado
ni enviaré hombres de las Auc” a ese
país porque, además, dijo, “allí a nosotros nos persiguen, lo que
no pasa con los asesinos de las Farc y Eln”.
Al denunciar públicamente la posibilidad de ser víctima de un
atentado, Chávez dijo que los organizadores del “complot, que son mis
opositores, quieren imponer su agenda del terror, una dictadura, por lo
que estos grupos están organizándose para intentar el magnicidio”.
Como es costumbre, en su obsesión contra el gobierno de Estados
Unidos, Chávez afirmó, en referencia los execrables e indignos actos
cometidos por militares de este país en Irak, que “no habrá torturas
–contra los detenidos- ni encapuchados, ni sadomasoquismo, porque
nuestros soldados y policías no son sádicos”.
De acuerdo con las informaciones oficiales, los 88 presuntos
miembros de las Auc fueron sorprendidos en
la finca de Robert Alonso, un cubano que en
fecha reciente se había autoproclamado el ideólogo del “Plan Guarimba”,
que los venezolanos llevaron a cabo en febrero y marzo con protestas
callejeras.
El director de la Policía Política Venezolana (DISIP), Miguel
Rodríguez Torres, dijo que los paramilitares colombianos tenían
conexiones con el grupo radical de oposición “Bloque
Democrático”, con militares disidentes y sectores de la también
opositora Coordinadora Democrática (CD), organismos que inmediatamente
rechazó esa “sucia y mentirosa acusación”, a través de su portavoz,
Enrique Mújica.
“El gobierno no ha dado la suficiente información y debe
precisar de qué se trata”, dijo Mújica, que al rechazar “la
violencia, venga de donde venga”, pidió a los venezolanos
“mantenerse alerta ante la posibilidad que el gobierno pretenda
utilizar esto para continuar la violencia o hacer algo contra sectores
democráticos”.
Igualmente, el director de la DISIP afirmó que “entre los
detenidos se encuentra un conocido `comandante` paramilitar de la zona
colombiana de Cúcuta –capital del departamento colombiano Norte de
Santander, fronterizo con Venezuela-, pero no lo identificó.
La televisora estatal mostró a una persona, vestida con traje
camuflado de campaña, y cubierto por un pasamontañas, quien declaró
que era “un campesino colombiano que fui traído a Venezuela por un
grupo de militares venezolanos a cambio de 500.000 pesos colombianos
(185 dólares)” y que el 12 de junio su grupo con 130 efectivos iba a
“asaltar un destacamento militar”, pero no se refirió a un posible
atentado contra el presidente Chávez.
El que fue dos veces ex presidente venezolano Carlos Andrés
Pérez, en declaraciones desde Miami a
la Cadena Radial Colombiana (CARACOL), negó estar involucrado en
cualquier acción para
intentar retirar a Hugo Chávez del poder y dijo que “la denuncia del
mandatario no es cierta” y que éste ha “rechazado todas las salidas
pacíficas que se le han presentado”.
“Todo es mentira. Chávez ya no sabe qué hacer para defenderse
de la difícil situación en que se encuentra”, dijo
Pérez, añadiendo que ahora se “está inventando un inexistente
atentado porque no quiere hacer el referendo revocatorio de su mandato
porque sabe muy bien que lo perderá”.
Pérez, que gobernó Venezuela en los periodos 1974-1979 y
1989-1993 fue víctima de un frustrado golpe de estado por parte de
Chávez, un ex coronel de paracaidistas, que estuvo varios meses
detenido por esa acción.
El ex mandatario, a quien se conoce en Venezuela y países
de la región como “Alí Babá”, fue
destituido de la presidencia en 1993 y procesado por corrupción y desde
el año 2000 vive fuera de Venezuela, por lo que en algunos círculos
políticos de su país no se cree que en caso de ser cierta la
organización del magnicidio, esté exento de alguna responsabilidad.
Chávez calificó la acción militar como “un golpe noble al
golpismo y al terrorismo”, y reiteró en su programa “Aló,
presidente”, que le “hemos dado un golpe a los golpistas,
desestabilizadores y a los terroristas, en esta lucha sin descanso
contra el terrorismo, la desestabilización y los enemigos de la
democracia y del pueblo”.
Los opositores venezolanos que han denunciado al gobierno por
“implantar la violencia en el país”, saben perfectamente que los
métodos para cambiar al
actual mandatario deben estar exentos de actos impropios y que solamente
a través del Derecho y del respeto a la Constitución podrán desalojar
a Chávez del poder. Por eso deben ser los primeros en demostrar, con
pruebas, que nada tienen que ver con este cobarde hecho y no olvidar que
la “violencia siempre engendra más violencia”. |