HAITI: REBELDES DEPONDRAN LAS ARMAS  

    Las fuerzas rebeldes haitianas que lidera el ex comisario de policía Guy Philippe, y que han tomado ciudades y organizado actos de pillaje, lo que originó la huida del presidente, Jean-Bertrand Aristide, deberán deponer sus armas ante la presión de las fuerzas extranjeras y porque su líder no “ofrece ninguna garantía ni seguridad” para poder establecer una “auténtica democracia” en el país caribeño, según lo afirmado por la comunidad internacional el 3 de marzo de 2004.  

    Phillippe, quien se había autoproclamado “Jefe Militar” de Haití el pasado primero de marzo en medio del desorden y del caos que existían en el país ante el retiro del mandatario y su viaje, inicialmente, a República Dominicana, afirmó el tres de marzo  en Puerto Príncipe que “hemos recibido también la garantía de que la democracia será puesta en marcha”  y anunció que su grupo, integrado por 350 personas armadas hasta los dientes, “acepta deponer las armas”.  

    El ex comisario, considerado como un “tenebroso individuo” que en años anteriores fue uno de los principales violadores de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de sus compatriotas, había señalado el  primero de marzo, que su grupo iba a detener al primer ministro, Ivone Neptuno, para que respondiese por los cargos de “corrupción administrativa”, cometidos durante el gobierno de Aristide, que se inició el 7 de febrero de 2002.  

    En su declaración ante periodistas, el ex comisario afirmó también que no tenía “ningún interés en la política” y descartó que intentara “establecer otra dictadura militar en Haití”.  

    Neptuno continúa ocupando ese cargo tras la renuncia y posterior huida del presidente Aristide por decisión del Jefe de Estado interino, Boniface Alexandre, quien también designó como Director de la Policía Nacional a Léonce Charles, quien ha colaborado con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes.  

    Frente a sus oficinas se encuentran numerosos vehículos y tropas militares para evitar cualquier acción violenta del grupo dirigido por Philippe que pueda atentar contra la vida del funcionario o que pretendan detenerlo para “juzgarlo” por su participación en el gobierno del huido ex cura salesiano.  

    El organismo Human Rights Watch (HRW) expresó el primero de marzo que Philippe cuenta con “un dudoso récord en materia de derechos humanos”  por lo que no es una persona que “pueda despertar confianza ni de los haitianos ni de la comunidad internacional”, ya que durante el tiempo que ejerció, en el pasado, el cargo de jefe de policía en la sección Delmas, de Puerto Príncipe, ordenó la ejecución de decenas de miembros opositores.  

    Amnistía Internacional (AI), por su parte, pidió a las fuerzas internacionales de paz que están actuando en Haití, que procedan al arresto  de Jean Tatoune y Louis-Jodel Chamblain,  dirigentes de la revuelta contra Aristide, que se encuentran condenados por “asesinatos políticos”.  

    Existe una opinión unánime en que siniestros personajes como los mencionados, que han organizado la rebeldía contra Aristide y que se encuentran condenados o tienen un “escabroso pasado” por la violencia que ordenaron realizar en Haití, no aprovechen esta ocasión para “quedar impunes” y se les considere “héroes” en vez de “villanos”, porque “esto último es lo que, en definitiva, son”.  

    Una de las primeras medidas tomadas por el primer ministro ratificado fue el de declarar el “estado de emergencia” en todo el país para evitar que la violencia continúe apoderándose de ciudades y pueblos haitianos y para que los 350 hombres que tiene bajo su mando Philippe y los que integran el otro temible grupo “Caníbal”, puedan seguir “haciendo de las suyas”.  

    Muy pronto, el dos de marzo, el gobierno de Estados Unidos expresó su oposición a Philippe, y a través de Roger Noriega, subsecretario de Estado, que habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, dijo que “no tiene ningún poder para hacer algo en Haití, porque solo tiene el control de una pandilla desorganizada”.  

    El jefe del sanguinario grupo rebelde integrado en el “Frente Revolucionario Nacional (FRN)”, anunció que “nuestro objetivo principal fue alcanzado, es decir la partida de Jean-Bertrand Aristide del poder”.  

    Tras las acciones desarrolladas en diversos departamentos del país, y en especial en las ciudades de Gonaives, Cabo Haitiano, el Puerto de Saint Marc y otras, se comprobó que Philippe era incapaz de controlar a las turbas y que apoyaba los saqueos, incendios y destrozos de mercados, empresas y viviendas.  

    El gobierno estadounidense, que envió “marines” para ayudar a controlar la caótica situación, al igual que lo hicieron Canadá y Francia con tropas militares y gendarmes, hizo saber a Philippe que no contaba con su apoyo, por lo que debía abandonar toda la ambición de controlar Haití o de “desempeñar un papel importante en el futuro político” del país.  

    También el presidente Alexandre nombró a la comisión tripartita prevista en el paz internacional de paz para Haití y la cual quedó integrada por Leslie Voltaire, ministro de los haitianos en el extranjero y perteneciente al partido gubernamental “Lavalás”, el ex senador Paul Denis, en representación de la plataforma democrática de la sociedad civil y los partidos de oposición y a Adama Guindo, coordinador para Haití del Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que representará a la comunidad internacional.  

    El depuesto mandatario haitiano continúa en la República Centroafricana, a donde llegó el lunes pasado y reside en el palacio del presidente del país, Francois Bozize, en espera de poder trasladarse definitivamente a Sudáfrica, cuyo gobierno le ha otorgado asilo político.  

    Estados Unidos volvió a insistir en que no es cierto que obligase a Aristide a abandonar Puerto Príncipe, aunque sí reconoció que dada la situación que se vivía en Haití, era “imposible protegerlo de las tropas rebeldes que lo iban a arrestar para procesarlo por corrupción, asesinato y otros delitos”.  

    La normalidad empezó a recobrarse en la isla caribeña y los rebeldes parecen aceptar, en principio, que su acción armada ha finalizado, pues Aristide se encuentra fuera del país y ya no es el presidente y que se requiere el “esfuerzo de todos” para que Haití pueda encontrar “soluciones adecuadas a sus numerosos problemas, y las cuales no se lograrán con base a la violencia”.  

    Ahora, lo más importante, es lograr los acuerdos políticos necesarios para ratificar en el cargo de presidente a  Alexandre o para buscar los mecanismos que permitan establecer un “gobierno interino” mientras se convoca a un proceso electoral. Haití no puede soportar por mucho tiempo más esta difícil situación por la que atraviesa desde que en septiembre de 2003 se iniciaron los movimientos contra Aristide y que culminaron con su renuncia y huida del país el pasado 29 de febrero.