ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA                  Guillermo Tribín Piedrahita 



 
COLOMBIA: TERRORISTAS CONTRA LA IGLESIA CATOLICA
 
    La Iglesia Católica, mayoritaria en Colombia, donde el 95 por ciento de sus 41 millones de habitantes pertenece a ella, se está viendo continuamente atacada por miembros de la banda terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuyo último golpe fue el secuestro del presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), obispo Jorge Enrique Ramírez, y de un sacerdote.
 
    Esta acción, ejecutada el 11 de noviembre, y criticada por el Papa Juan Pablo II y por diversos gobiernos e iglesias del mundo, fue realizada por el frente "Policarpa Salavarrieta" de las Farc, precisó el ejército colombiano, y se une a otras similares e, incluso, criminales, contra prelados católicos.
 
    El Papa, en mensaje enviado al cardenal colombiano y obispo de Bogotá, Pedro Rubiano Sáenz, manifestó su "profundo dolor" por el doble secuestro, expresó su solidaridad a la Iglesia colombiana a la que animó a "proseguir con generosidad su servicio al Evangelio y al pueblo".
 
    Jiménez, que también es obispo de Zipaquirá, población situada a 45 kilómetros de Bogotá, y en donde existe una de las modernas "maravillas del mundo", la Catedral de Sal, fue secuestrado junto al párroco de la población de Pacho -a unos 60 kilómetros de Bogotá-, sacerdote Desiderio Orjuela, cuando se dirigían a una vereda para realizar las confirmaciones de varios jóvenes, el pasado lunes.
 
    Según el conductor del vehículo donde viajaban, que fue liberado posteriormente, dos hombres armados interceptaron el coche y obligaron a los dos prelados a internarse en el monte.
 
    Jiménez, de 60 años, ejerce la presidencia del Celam, organismo del cual también fue secretario entre 1995-1999 y ha sido designado por el Papa como miembro del Pontificio Colegio para la Pastoral de la Salud y del Comité del Gran Jubileo del año 2000.
 
    El sacerdote Orjuela, de 65 años,  es el párroco de una provincia rica en ganadería y agricultura, Pacho, en la que muchos años antes, a principios de la década de los 90, imperó el terror originado por el jefe narcotraficante Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, abatido por la fuerza pública.
 
    El cardenal Rubiano Sáenz, que es también presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, pidió a los terroristas la inmediata liberación de los plagiados y les advirtió que incurrieron en "una grave pena canónica que rompe la comunión con la Iglesia Católica", lo que implica que quedan excomulgados.
 
    Estados Unidos, a través del portavoz del departamento de Estado, Richard Boucher, lamentó el plagio y deploró la "campaña de secuestros por parte de grupos armados contra figuras religiosas y del gobierno".
 
    Señaló Boucher que este "cobarde secuestro demuestra, una vez más, la falta de consideración que tienen estos grupos hacia los derechos humanos más básicos".
 
    Francia, por su parte, condenó "enérgica y solemnemente" este doble secuestro y a través del portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Francois Rivasseau, expresó que "este nuevo acto de violencia golpea a uno de los más altos responsables del la iglesia colombiana y latinoamericana".
 
    El cardenal arzobispo de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz, viajó a Bogotá para asumir la presidencia interina del Celam, ya que desde 1999 es su vicepresidente.
 
    La campaña de los terroristas contra la Iglesia Católica se ha saldado con el secuestro de cuatro obispos (los de Tibú, Arauca, Ariari y ahora el de Zipaquirá); los asesinatos de un arzobispo (el de Cali, monseñor Isaías Duarte Cancino, en marzo pasado); el obispo de Arauca, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, 43 sacerdotes, entre ellos José Luis Cárdenas, ocurrido el pasado mes, dos religiosos y dos misioneros, desde el 2 de octubre  1989 cuando miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) mataron a Jaramillo.
 
    Esa situación de violencia se ha extendido al secuestro del párroco de Pacho y de otros ocho sacerdotes y al de un misionero, y a las amenazas contra ocho obispos, tres religiosas, doce sacerdotes.
 
    La campaña contra la Iglesia se considera en círculos eclesiásticos y políticos colombianos "fuera de toda lógica", dado el apoyo que la jerarquía ha prestado a los grupos terroristas para que se involucren en las conversaciones y negociaciones de paz, especialmente por parte del anterior presidente de la Conferencia Episcopal monseñor Alberto Giraldo que, inclusive, se entrevistó con el jefe de las Farc, Pedro Antonio Marín, alias "Manuel Marulanda" o "Tirofijo".
 
    Giraldo, de momento, no se ha pronunciado sobre este nuevo hecho violento contra miembros de la Iglesia, aunque recientemente se mostró partidario que el gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, reiniciara "negociaciones de paz" con los terroristas de las Farc.
 
    El cardenal Giovanni Batista Re, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, al condenar el secuetro hizo un llamamiento a los terroristas responsables del "tan execrabel hecho respeten la vida, la libertad, la dignidad humana y el ministerio" de Jiménez y Orjuela.
 
    Entre tanto, el comandante de la XIII Brigada del Ejército, general Carlos Alberto Ospina, confirmó que el obispo de Zipaquirá estaba amenazado por los terroristas y que se ha dispuesto una recompensa de 20.000 dólares para quien dé informaciones que permitan rescatar a los secuestrados.
 
    La catedral de Zipaquirá y su plaza principal se llenaron el mismo lunes y el martes de gentes que protestaban por el doble secuestro y pedían a Dios por el regreso de su obispo y del párraco de Pacho, mientras el gobierno colombiano expresaba su "indignación" y el presidente Uribe ordenó una búsqueda continua para localizar con vida a los secuestrados y capturar a los terroristas.

 

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