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ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA Guillermo Tribín Piedrahita |
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ESPAÑA ENTREGARA A COLOMBIA A EX
MINISTRO "MAFIOSO"
El gobierno español acordó la
entrega a Colombia, por parte de las autoridades de su país, del ex
ministro de Desarrollo Económico y ex embajador ante la Unión
Europea (UE) Carlos Arturo Marulanda, quien se encuentra detenido en
Madrid acusado de los delitos de Asociación ilícita y malversación e
infidelidad en la custodia de documentos, desde el 16 de julio de
2001.
Marulanda, un poderoso
terrateniente colombiano, organizó un grupo armado encargado, con
amenazas y acciones delictivas, de "hacer abandonar por las buenas o
las malas" a los campesinos de las tierras ocupadas so pena de
matarlos a ellos y a sus familias.
Las amenazas surtieron efectos
porque 200 familias de labriegos se vieron obligadas a un
desplazamiento forzoso y a la pérdida de todas sus pertenencias.
El Consejo de Ministros, presidido
por el presidente del gobierno español, José María Aznar López,
acordó que la entrega de Marulanda se realizará "con los límites y
condiciones" establecidos en el auto dictado el uno de agosto de
2002 por la Audiencia Nacional, que declaró procedente dicha
extradición por los delitos que la Fiscalía General de Colombia le
imputó en dos reclamaciones diferentes.
En la vista de extradición, que se
celebró en Madrid el 22 de marzo de 2002, Marulanda afirmó que su
regreso a Colombia "sería la crónica de una muerte anunciada"
(parodiando una novela de su compatriota Gabriel García Márquez),
pues estaba amenazado por el Ejército de Liberación Nacional (Eln,
el segundo grupo terrorista colombiano).
También Marulanda atribuyó estas
reclamaciones judiciales a "una persecución política" instrumentada
por el entonces presidente colombiano Andrés Pastrana Arango, "a
raíz de sus negociaciones con la guerrilla".
En Colombia, el poder judicial
actúa con total independencia del poder político o gubernamental,
por lo que no se entiende la razón por la cual Marulanda se siente
un "perseguido político" del anterior gobierno, dijeron fuentes de
la Fiscalía General colombiana.
El grupo armado que formó
Marulanda para despojar de las tierras que ocupaban los campesinos,
actuó durante los días 14 y 15 de febrero de 1996 cuando sus 20
integrantes penetraron en varios predios de la hacienda "Bella Cruz"
y tras amenazarlos, les quemaron sus viviendas y ranchos y les
dieron un plazo de cinco días para "hacer efectiva la orden, o de lo
contrario volverían para matarlos".
La Audiencia Nacional española al
autorizar la extradición, pidió al gobierno colombiano otorgar a
Marulanda -calificado como un "siniestro personaje" en su país-
"garantizar la integridad física del reclamado" para evitar que las
presuntas amenazas del Eln se lleven a efecto.
La Fiscalía colombiana también
acusó a Marulanda por malversación de fondos públicos durante su
mandato como embajador de Colombia ante la UE, posición que ocupó en
la década de los años 90.
Según la Fiscalía, Marulanda
supuestamente ingresó en su cuenta corriente bancaria los cheques
destinados al presupuesto de la legación diplomática en Bruselas, de
lo que le acusó el Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo
del cual dependía directamente el por entonces embajador.
Estas dos reclamaciones originaron
la detención de Marulanda el 16 de julio de 2001 cuando residía en
Madrid y su posterior ingreso en la cárcel de Soto del Real.
Antes de ocupar cargos públicos,
Marulanda que era dirigente político y fue miembro de la Cámara de
Representantes y del Senado, estaba acusado por organizaciones
sindicales campesinas de actuar siempre con la fuerza para despojar
a los campesinos de sus escasos bienes.
Nadie sabe en Colombia si existe,
verdaderamente, la amenaza de muerte por parte del grupo
terrorista, aunque es bien sabido que Marulanda se ganó muchos
enemigos por sus actuaciones siempre al borde o superándolos de la
legalidad. Fue calificado, en cierta ocasión, como el "enemigo
público número 1 de los labriegos y campesinos".
Su autorizada extradición se
cumplirá en un término máximo de 30 días según informaron fuentes de
la Audiencia Nacional española y confirmaron portavoces de la
Fiscalía General colombiana.
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