ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA                  Guillermo Tribín Piedrahita 



 
COLOMBIA: PLIEGO DE CARGOS PARA 84 POLICIAS DESHONESTOS
 
    Un total de 84 miembros de la Policía y 4 civiles  fueron acusados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) de presuntas irregularidades en la desviación de dos millones de dólares de una partida de más de diez millones entregada por Estados Unidos para la lucha antinarcóticos emprendida por el gobierno colombiano.
 
    Al abrir un "pliego de cargos" contra un general, once coroneles, once mayores, quince capitanes, seis tenientes, varios suboficiales y agentes y cuatro civiles, el Ministerio Público tomó la decisión de iniciar esta segunda parte del proceso disciplinario tras las declaraciones de los generales Gustavo Socha Salamanca y Edgar Guillermo Bejarano, ambos llamados al retiro.
 
    La Unidad Antinarcóticos de la Policía era dirigida por Socha Salamanca, que fue destituído por el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango, en junio pasado, cuando la embajada de Estados Unidos denunció el delito.
 
    Bejarano, por su parte, fue asistente del director general de la policía, general Luis Ernesto Giliberth, y una persona de su "total confianza". Cuando Giliberth conoció que Bejarano estaba involucrado en el delito, declaró que "ya no es mi amigo, porque ha defraudado mi confianza y la de la institución".
 
    En junio pasado, la embajada de Estados Unidos en Colombia pidió al gobierno de Pastrana investigar el "posible delito" en la Unidad Antinarcóticos, ya que dos millones de dólares "habían desaparecido" misteriosamente.
 
    El Procurador General, Edgardo José Maya, en un informe que lleva su firma, señala que "algunos de los dineros fueron empleados por los investigados para su propio beneficio".
 
    Esos dineros, según Maya, se utilizaron ilegalmente con objetivos personales, por lo que calificó de "falta gravísima a título de dolo" el desvío de tales fondos con "propósito deliberado por acción y omisión" e incumplimiento de un convenio internacional.
 
    El gobierno estadounidense pidió al colombiano una "rigurosa investigación" y el castigo de los culpables, bajo pena de no seguir colaborando económicamente para esa acción antinarcóticos..
 
    La investigación abierta por la PGN abarca desde finales del año 2000 hasta el primer semestre de 2002, y de las declaraciones de Socha y Bejarano, el organismo ha deducido la culpabilidad de estos dos altos militares y de otros 82 miembros de la institución y de cuatro particulares que eran contratistas de la Policía.
 
    Muchos de los mandos militares que participaron en la acción delictiva, utilizaron los dineros en compra de nuevas viviendas o reformas de otras, adquisición de coches, etc.
 
     Esas acciones delictivas, a juicio del Procurador Maya, "permitieron el deterioro de la imagen de la Unidad Antinarcóticos" a escalas nacional e internacional, por lo que deben ser castigadas de acuerdo con la ley.
 
    Estados Unidos destinó una partida superior a 20 millones de dólares para que Colombia tuviera recursos económicos suficientes para la luchar contra las mafias del narcotráfico y con el objetivo de buscar acabar paulatinamente con el tráfico de estupefacientes, especialmente de cocaína.
 
    Este mismo año el Congreso y el gobierno estadounidenses autorizaron a Colombia a utilizar parte de esos dineros en la lucha contra el terrorismo, habida cuenta que las bandas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) además de sus acciones terroristas se han dedicado al tráfico de drogas, especialmente de cocaína.
 
    Precisamente el gobierno estadounidense solicitó  recientemente al colombiano la extradición de Carlos Castaño, jefe de las Auc, por ser un narcoterrorista.
 
    El gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe, que asumió el poder el pasado 7 de agosto, considera que la justicia impondrá el "merecido castigo" a los 84 policías y 4 civiles que están involucrados en la desaparición de los dos millones de dólares, y tiene la certeza, según un portavoz del ministerio de Interior y de Justicia, que hay "evidentes pruebas" para condenarlos a todos, y en especial al general Socha y al coronel Bejarano.

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