NICARAGUA ADJUDICO AREAS PARA EXPLOTACIONES PETROLERAS  

     El gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), adjudicó seis áreas para explotaciones petroleras en el Mar Caribe, señalando que no afectan la soberanía de Colombia, país con el que mantiene una disputa territorial que está siendo estudiada por el Tribunal Internacional de La Haya.  

    Aunque el gobierno colombiano, por intermedio de la ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, anticipó que las “áreas adjudicadas no corresponden a las aguas jurisdiccionales colombianas”, otros estamentos políticos y periodísticos del país manifestaron sus dudas y pidieron al presidente, Alvaro Uribe Vélez,  la “más enérgica actitud” para defender los derechos que, por ejemplo, el influyente diario liberal “El Tiempo” calificó de “indiscutibles e inalienables”.  

    El INE otorgó el 12 de mayo seis licencias  de exploración de petróleo en el Mar Caribe a cuatro empresas de Estados Unidos, y su presidente, Octavio Salinas, afirmó que “luego de siete años de esfuerzos ordenados para convertir nuestro sueño (de encontrar petróleo) en esperanza hemos llegado a feliz término”.  

   Un total de 23.423 kilómetros cuadrados de los 451.000 kilómetros cuadrados ofrecidos en licitación internacional a partir de 1996, fueron otorgados a las cuatro empresas norteamericanos, de los cuales 16.000 corresponderán, por partes iguales, es decir 8.000 kilómetros cuadrados a cada una, a la Empresa MJK Exploraciones Internacionales y a la Infinity Inc, ambas en el Mar Caribe.  

    Otros 4.000 kilómetros cuadrados serán explorados por la Empresa Greathouse en el Océano Pacífico, mientras los restantes 3.423 kilómetros cuadrados fueron concedidos a la Oklahoma Nicaragua en tierra firme costera con el Pacífico, y según Salinas, el gobierno estadounidense conoce la problemática por lo que sus empresas cotizaron dentro de la plataforma continental de Nicaragua “y que no invade ningún otro territorio a los cuales otros pretenden tener derecho”.  

    Además de Colombia, Honduras también tiene diferencias territoriales con Nicaragua y objetó la licitación, pero aparentemente las concesiones otorgadas no afectan las áreas que se encuentran en disputa.  

    El gobierno nicaragüense informó que los contratos fueron adjudicados en “nuestras propias aguas jurisdiccionales”, al oeste del meridiano 82 y entre los paralelos 12 y 15”.  

    La ministra de Relaciones Exteriores (canciller) colombiana, dijo que su gobierno advirtió “muy claramente” al de Nicaragua, que no podía adjudicar contratos de exploraciones submarinas petroleras en sus aguas territoriales frente a las Islas de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, que el país centroamericano considera corresponden a su soberanía,  por lo que demandó la intervención del Tribunal de La Haya.  

    Colombia y Nicaragua firmaron en 1928 el Tratado Esguerra-Bárcenas, que delimitó las actuales fronteras marinas, y que ahora el gobierno nicaragüense no quiere reconocer y pretende su anulación, lo que “El Tiempo” calificó como “una extraña actitud inamistosa hacia Colombia” la de buscar la nulidad de ese Tratado, porque a su juicio, que es el mismo del gobierno colombiano, “fijó clara y definitivamente los límites entre los dos países y entró en vigor con la plenitud de las formalidades requeridas por el Derecho Internacional Público”.  

    El gobierno de Nicaragua está seguro que en las áreas otorgadas para la explotación “existe petróleo lo mismo que gas natural en nuestra plataforma continental”, afirmó el presidente del INE.  

    La canciller Barco dijo que su gobierno “está manejando ese tema con el mayor cuidado, porque es de la mayor importancia, ya que tiene que ver con nuestra soberanía”, y señaló que la principal preocupación gubernamental en ese asunto es “oponerse en la Corte Internacional de La Haya a las pretensiones de Nicaragua de obtener el control de sus territorios insulares en el Caribe”.  

    Nicaragua pretende incorporar a su territorio un área marítima de, por lo menos, 130.000 kilómetros cuadrados, en los que están incluidas las colombianas Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los islotes de Roncador, Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo y Serranilla, y que se encuentra en el Océano Atlántico, frente al país centroamericano, al este del meridiano 82, además de los que reclama a Honduras ubicados entre los paralelos 15 y 17 y al oeste del meridano 82.  

    De acuerdo con lo informado por el presidente del INE, este organismo solicitará al presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, la autorización para formalizar el contrato con las empresas estadounidenses, que con una inversión conjunta de 20 millones de dólares anuales, aspiran a comenzar su exploración en 60 días. Los contratos fueron firmados por seis años, pero se confía en que antes de ese plazo se “encontrarán el petróleo y el gas natural”.  

    El pleito colombo-nicaragüense en la Corte Internacional de La Haya puede durar no menos de cinco años, porque el país centroamericano ya presentó ante ese organismo su “memoria” y corresponde ahora al suramericano y dentro de un plazo de 14 meses presentar su “contramemoria”.  

    De todas formas, en Colombia surgen muchas voces y peticiones para que el gobierno “esté alerta” para impedir cualquier acto que afecte su soberanía, y el propio diario “El Tiempo” pidió a la opinión pública el respaldo al ejecutivo para “defender esos derechos indiscutibles”. También en Nicaragua, la clase política y periodística ha otorgado pleno respaldo al gobierno de Bolaños pues considera que el territorio que reclama le pertenece.  

    Estados Unidos, entre tanto, a nivel gubernamental, permanece callado y no se ha pronunciado sobre la disputa territorial colombo-nicaragüense, aunque no se opuso a la participación de empresas de ese país en la licitación que, finalmente, permitió a cuatro de ellas ser favorecidas con los contratos de exploración.  

    La “pelota jurídica”, de todas formas, está en el tejado de “sus señorías” en La Haya y cada gobierno cree que el fallo le será favorable. De todas formas, Colombia considera que le asiste la razón porque “los tratados de límites son intangibles y perpetuos”.