PERU: SEPTIMO PROCESO JUDICIAL A FUJIMORI  

    El huido ex presidente peruano Alberto Fujimori, sobre quien existe una orden internacional de captura, será procesado nuevamente por la justicia de su país por los presuntos delitos de colusión ilegal y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, anunció el magistrado José Luis Lecaros.  

    El magistrado dictó una nueva orden de detención contra el ex mandatario por haber dispuesto irregularmente  la compra de medicinas y tractores chinos a lo largo de su gestión  entre los años 1990-2000, por lo que también decretó el embargo preventivo de sus bienes por 14,5 millones de dólares.  

    Con esta decisión del Vocal Supremo, el ex mandatario que huyó de Lima en noviembre de 2000 y se radicó en Japón, en donde obtuvo la nacionalidad –por ser descendiente de japoneses-, tiene abiertos ya en Perú siete procesos penales por diversos delitos que pueden llevarlo a penas superiores a los 50 años de prisión.  

    La justicia peruana le persigue por el delito de lesa humanidad como autor intelectual por las matanzas de Barrios Altos de Lima, en diciembre de 1991, y la Universidad de Cantuta, en julio de 1992, en donde fallecieron 25 personas; abandono del cargo de presidente de la república al refugiarse en Japón y enviar su dimisión a través de un fax; la indemnización de 15 millones de dólares que entregó a su ex asesor Vladimiro Montesinos, quien se encuentra detenido y ya ha sido condenado en dos de los numerosos juicios que tiene pendientes.  

    También Fujimori está procesado por el pago ilegal a políticos y congresistas para que se pasaran desde la oposición a su partido; el allanamiento a la vivienda de Montesinos; intercepción telefónica a los opositores a su gobierno y, finalmente, la compra ilegal de medicinas y tractores chinos.  

    La larga carrera delictiva de Fujimori mientras desempeñó el cargo de presidente, es igual de comparable a la de Montesinos, considerado el “Rasputín” del régimen, quien se apoderó de más de 6.000 millones de dólares como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En uno de sus juicios, Montesinos acusó a su otrora jefe y aliado, de haberse apoderado de buena parte de ese dinero y de utilizarlo en su propio beneficio.  

    Lecaros informó que su argumentación jurídica está fundamentada en la denuncia que formuló la Fiscal General de la Nación, Nelly Calderón, por la que precisó que Fujimori conformó con el ex ministro de Economía Víctor Joy Way, “una organización que dispuso la adquisición irregular de medicinas, módulos y tractores a seis corporaciones chinas por más de 191 millones de dólares”, sin existir siquiera una licitación.  

    Calderón en su denuncia también señaló que esas compras se efectuaron sin un estudio técnico previo y sin haber sido incluidas en los presupuestos generales del Estado, mediante “decretos de urgencia” expedidos durante la década en que estuvo al frente de la presidencia peruana.  

    Pero el asunto tiene un trasfondo mayor: ni las medicinas ni los tractores llegaron a los ministerios que supuestamente intervinieron en las compras, los de Educación, Agricultura y Presidencia, porque pasaron a poder de la Casa Militar de Palacio, y nadie sabe ni conoce el uso que se les dio durante esos largos años.  

    A principios de marzo, el periodista Carlos Raffo, uno de los beneficiados ilegalmente por el régimen “fujimorista”, anunció que el ex presidente se proponía regresar a Perú “a responder una por una las acusaciones que pesan en su contra”, y que estaba dispuesto a participar en la campaña electoral de 2006 con el propósito de “ser nuevamente presidente de Perú”.  

    Hasta la fecha del anuncio de Raffo, Fujimori tenía abiertos tres procesos en la Corte Suprema de Justicia, y nadie cree en Perú que pretenda regresar, ya que de inmediato sería capturado. Incluso, si abandona Japón, la INTERPOL tiene la orden de detenerle.  

    Por no existir un tratado de extradición entre Perú y Japón, el gobierno del presidente Alejandro Toledo no puede solicitar al japonés la entrega de Fujimori, y únicamente la justicia del país suramericano espera que abandone Tokio, donde reside y salga de las fronteras del país asiático, para que inmediatamente se le detenga.  

    Fujimori se convirtió en un “fenómeno sorpresivo” cuando sin ser una persona conocida como político, pues se desempeñaba como empresario, se lanzó al “ruedo electoral” para enfrentarse al escritor derechista Mario Vargas Llosa, que tampoco despertaba interés y simpatía en Perú, en los comicios de 1990, que ganó ampliamente.  

    Dentro de su gobierno sostuvo una larga lucha con el grupo terrorista “Sendero Luminoso”, al que desarticuló cuando se detuvo a su jefe Abigail Guzmán, y alcanzó la paz con Ecuador por litigios fronterizos, pero posteriormente se unió a otra persona sin escrúpulos como Montesinos, antiguo capitán del ejército y un mediocre abogado, formando una “pareja corrupta”, como lo ha señalado la justicia peruana, y por lo cual se han derivado los siete juicios que ahora tiene pendientes.  

    “Tarde o temprano pagará por sus delitos”, dijeron el magistrado Lecaros y la Fiscal Calderón, y en una reciente encuesta celebrada en Perú, una amplia mayoría cercana al 90 por ciento, incluyendo en ella a varios “ex fujimoristas”, opinó que debe ser “procesado y castigado” y, además, “obligado a devolver lo que se robó”.  

    En Perú se le considera un fugitivo y es difícil que con los cargos que afronta y con una justicia que ya no está integrada por personas allegadas y nombradas por él y a las que favoreció, incluso con dinero, como lo ha denunciado en varias oportunidades la prensa de ese país,  esté dispuesto a regresar, a pesar de su desmedida ambición por volver a la Jefatura del Estado.