PERU: PIDEN A  MONTESINOS PAGAR MILLONARIA INDEMNIZACION AL ESTADO  

    El otrora poderoso “Rasputín” peruano Vladimiro Montesinos no gana para sustos y cada vez la justicia de su país no sólo le condena a varios años de prisión sino que le exige, como ahora en un nuevo juicio oral, una millonaria indemnización económica al Estado, equivalente a 142 millones de dólares, más una fuerte pena de cárcel.  

    Para Montesinos esa suma puede ser “insignificante” ya que durante los diez años en que fue el “capo” de la corrupción en Perú junto al ex presidente Alberto Fujimori, logró sacar más de 6.000 millones de dólares, ingresados en bancos extranjeros. Una entidad bancaria de Suiza devolvió al gobierno peruano una importante suma que el antiguo capitán del ejército tenía depositada en ella, y que superaba los 1.000 millones de dólares.  

    La justicia peruana considera probado, y así lo demostró a través del Fiscal Superior, Pablo Sánchez, que Montesinos “robó al erario público” la cantidad de 25.000 dólares para financiar en 1998 la campaña a la alcaldía del distrito limeño de Miraflores de Luis Bedoya de Vivanco, uno de los beneficiados del huido ex presidente Fujimori, que gobernó Perú entre los años 1990-2000, pero no terminó su último periodo precisamente porque su antiguo “asesor presidencial” fue capturado, y al empezar a “cantar” la corrupción de su régimen y su participación en ella, huyó a Japón en noviembre de 2000.  

    Además de la elevada indemnización, el Fiscal Sánchez ratificó, el 8 de mayo, su solicitud para condenar a Montesinos a ocho años de prisión por esa “ilegal financiación”. Ya en un anterior juicio oral, Sánchez pidió para este siniestro personaje, y así se le concedió, una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel y el pago de una “reparación civil” de 142.000 dólares por “tráfico de influencias”.  

    Efectivamente, en marzo pasado, Montesinos fue condenado a esa pena, que está purgando en la prisión de la Base Naval del puerto limeño de El Callao, a donde se le trasladó tras ser capturado en Caracas en octubre de 2000 y entregado por el gobierno venezolano un mes después. También, en un anterior juicio, se le condenó a otros nueve años de cárcel por usurpación de funciones en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).  

    Su larga carrera delictiva, cometida mientras era el “hombre fuerte” de Fujimori, que también está acusado de varios delitos,  le tiene sometido a permanentes juicios por tráfico de influencias, narcotráfico, usurpación de funciones, lavado de dinero, peculado, asesinatos y compra de dirigentes políticos.  

    Hasta ahora tiene condenas firmes por catorce años y cuatro meses y si se le aplica la pena solicitada por el Fiscal en este nuevo juicio, pasarían a ser de 22 años y cuatro meses. Y todavía le faltan muchos juicios por otros delitos. De acuerdo con las acusaciones que pesan sobre él, es posible que tengan que purgar, como mínimo, 50 años de cárcel, según estiman la Fiscalía Superior y diversos abogados convertidos en acusaciones públicas.  

    Este nuevo juicio, por el delito de peculado (uso indebido o malversación de fondos públicos) se realiza, como el anterior, en la cárcel de Lurigancho, distrito de la zona oeste de Lima, en medio de  amplias medidas de seguridad, y el fiscal Sánchez recibió el apoyo del Procurador Ronald Gamarra, que pide también a Montesinos el pago de nuevas indemnizaciones por el “daño económico hecho al Estado peruano”, en otro caso de sobornos a políticos.  

    Otro de los “discípulos” de Fujimori y Montesinos,  el  ex alcalde del distrito limeño de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, se benefició del dinero del erario público que utilizó ilegalmente Montesinos durante la campaña electoral de 1998, cuando fue financiado con  esos 25.000 dólares para ganar en un barrio generalmente opositor a Fujimori y al propio “Rasputín”.  

    Precisamente, el Procurador Gamarra señaló que este nuevo juicio contra Montesinos representa la “gran oportunidad” para que la Sala Anticorrupción se pronuncie sobre la corrupción que imperó en Perú durante los diez años de gobierno de Fujimori, a la vez que acusó a Bedoya de Vivanco de haber sido el “candidato municipal de la mafia”, en unas elecciones que fueron muy controvertidas y en donde la “mano negra” del “Rasputín”  influyó para un “pucherazo” que le otorgó una “sucia victoria”.  

    El ex ministro de la Presidencia Tomás González Reátegui también está procesado en este nuevo juicio acusado de ser la persona que presentó a Bedoya de Vivanco a Montesinos para que este realizara el peculado y lo favoreciera en su acción política y en su elección como alcalde, sobornando a decenas de personas del barrio de MIraflores y a los jurados de las mesas de votación.  

    La afirmación del Procurador Gamarra sobre que Bedoya de Vivanco fue el “candidato municipal de la mafia”, fue rechazada por su abogado, al considerar que al ex alcalde no se le puede acusar de formar parte de una organización delictiva porque “no ha participado en todos los delitos”. Esta aclaración de la defensa, sin embargo, conlleva una tácita aceptación de que su cliente sí participó en “algunos delitos”, aunque no fuese en todos.  

    Montesinos, según dicen algunos dirigentes políticos, por referencias que han tenido de personas que están detenidas en la Base Naval, se muestra muy nervioso y, sobre todo, “dolido” con Fujimori  por el “abandono a que lo ha sometido y por haber huido dejándole a él toda la culpa de la corrupción”, de la que también se benefició el ex presidente, por ser uno de quienes la diseñaron.  

    La Corte Suprema de Justicia de Perú tiene abierto tres procesos a Fujimori como autor de los delitos de lesa humanidad, peculado y abandono del cargo –pues renunció a la presidencia a través de un fax enviado desde Tokio- y ha pedido a la Policía Internacional (INTERPOL) su captura ya que no existe un tratado de Extradición con Japón.  

    Aunque la etapa de la corrupción durante el gobierno de Fujimori duró una “larga década”, la justicia peruana está demostrando su capacidad, tras ser reformada por el gobierno del presidente, Alejandro Toledo. La actual  no tiene nada que ver con la corrupta e incapaz que se alineó con el ex presidente y su ex asesor presidencial. Este poder, por fortuna, está recuperando toda su dignidad y le está devolviendo al pueblo peruano su confianza en la justicia. Y eso es bueno, porque lo peor que le puede pasar a un país es, precisamente, que sus gentes desconfíen en la justicia.