COLOMBIA: MASACRE TERRRORISTA, OTRO DESAFIO A URIBE  

    Una nueva masacre terrorista hirió otra vez al pueblo colombiano y se convirtió en el gran desafío para el gobierno del presidente, Alvaro Uribe, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal banda del terror en el país, asesinó sin ninguna misericordia al gobernador del departamento (provincia) de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, al ex ministro y consejero de paz, Gilberto Echeverri Mejía, y a ocho miembros del ejército, a los que mantenían secuestrados.  

    Esta criminal acción, realizada el 5 de mayo, que recibió el rechazo unánime de Colombia y del mundo, se convertirá sin ninguna duda en la peor arma para los terroristas, que aspiraban a contar con la libertad de más de 600 de sus miembros al celebrarse conversaciones para un canje humanitario con las personas que mantienen, ilegalmente, privadas de su principal derecho humano, el de la libertad, entre ellas la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.  

    “El Estado no puede arrodillarse ante un interlocutor que muestra su indolencia y su falta de humanidad”, fue el comentario que surgió entre los colombianos, mientras el presidente Uribe afirmó que “a esos matones profesionales hay que derrotarlos”.  

    La tesis contraria fue sostenida por el antiguo guerrillero del Movimiento 19 de Abril (M19), ex ministro de Salud y actual parlamentario Antonio Navarro Wolf, amnistiado a pesar de sus numerosos actos terrorista y de las órdenes de muerte dadas cuando hacía parte de la “cúpula” de esa banda, al afirmar que “mi opinión es que hay que condenar a las Farc por este hecho, pero también que hay que hacer el intercambio (secuestrados por terroristas presos), porque no puede primar la razón de ser del Estado a secas”.  

    En cambio, el senador liberal por Antioquia, y copartidario de Gaviria Correa, Luis Guillermo Vélez, dijo que esa “horrenda matanza pone en cero kilómetros las conversaciones del intercambio humanitario y hace reflexionar muy claramente cómo ha de ser la política de confrontación del Gobierno”.  

    Otras voces de dirigentes políticos, empresariales y periodísticos se mostraron en desacuerdo con la opinión de Navarro Wolf, al que algunos llegaron a calificar de “estar beneficiándose de la democracia sin dejar de ser un terrorista en la sombra”.  

    Gaviria y Echeverri fueron secuestrados el 21 de abril de 2002 cuando encabezaban una “marcha de paz” desde Medellín –la capital de Antioquia- hasta el municipio de Caicedo, que se había iniciado el 17 de ese mes. Los miembros del ejército y la marina que también fueron asesinados, tenían más de cinco años en poder de las FARC.  

     Según el gobierno, los autores de la matanza fueron los miembros del “Bloque José María Córdoba” de las FARC, y la orden de ejecutarla la dio el terrorista conocido como “el paisa”  -denominación con la que se conoce a los antioqueños- en momentos en que fuerzas combinadas del ejército, la aviación y la marina –que “no dispararon ni un solo tiro”, según el gobierno y las fuerzas militares- buscaban a los secuestrados en una región selvática del municipio de Urrao, al suroeste del departamento.  

    Los militares asesinados  fueron identificados como Alejandro Ledesma Ortiz, teniente de infantería de Marina; Wagner Tapias Torres, teniente del ejército; Héctor Lucuera Segura, sargento viceprimero del ejército; Mario Alberto Marín Franco, José Gregorio Peña Guarnizo, Samuel Cote Cote, Francisco Negrete Mendoza y Yercinio Navarrete Sánchez, cabos primeros del ejército, mientras Heriberto Aranguren González, Ernesto Cotes Samuel –cabos del ejército- y Agenor Vielbard Hernández –suboficial de infantería de Marina- fueron heridos, y Pedro Guarnizo Ovalle, sargento viceprimero del ejército, resultó ileso.  

    Las operaciones de rescate de los secuestrados las dirigía el general Mario Montoya, comandante de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra), comandada por el general Hernando Ortiz, y contaba con la autorización del propio presidente Uribe.  

    El Jefe del Estado pidió a los colombianos que “no desfallezcamos en la tarea de derrotar a los terroristas” y anunció por parte de su gobierno “una frontal lucha contra el terrorismo y la corrupción”, porque a su juicio “esos dos males los tenemos que combatir con valor y no podemos claudicar en esa lucha”.  

    Los cadáveres de Gaviria Correa, Echeverri Mejía y los ocho miembros de las fuerzas de seguridad del estado, fueron trasladados el 6 de mayo desde Urrao a las instalaciones de la base militar “Pedro Nel Ospina”, de Medellín, tras un penoso rescate, por las condiciones de la zona y las fuertes lluvias caídas.  

    “Las FARC tenían la obligación jurídica de liberarlos sin condición alguna y hoy tenemos que lamentar un acto tan atroz como este”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, mientras  el Vaticano pidió a las bandas terroristas colombianas, a través de monseñor Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que asiste a una reunión religiosa en Bogotá, que “todos los que mantienen personas secuestradas, las dejen en libertad”.  

    Tras esta “horripilante matanza” crecieron en Colombia las voces que piden al presidente Uribe “actuar con más firmeza frente a las bandas criminales” y, sobre todo, que no espere más para solicitar la intervención directa de la coalición internacional contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, para que pueda “afrontar con éxito la lucha y exterminar en poco tiempo a esa indeseable plaga”.  

    En Colombia, la mayoría de las gentes, aunque apoyan la acción desarrollada por las Fuerzas Militares en su lucha contra las bandas terroristas de FARC, Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), están convencidas que cuentan con menos capacidad profesional, peor armamento y carencia de buenos servicios de inteligencia para ganarla.  

    “El mundo debe conocer qué es lo que hacen estos bandidos, quienes son estos bandidos, como tratan a las personas y la sevicia como asesinaron a estos secuestrados”, afirmó el Comandante del Ejército, general Alberto Ospina Ovalle, quien achacó a los miembros de la “cúpula” de las FARC, conocidos por los alias de “Tirofijo”, “Raúl Reyes” y el “mono Jojoy” de “estar sembrando de odio a la población civil”.  

    A Uribe, que comenzó su mandato el 7 de agosto de 2002, se le está terminando paulatinamente el tiempo para cumplir con su promesa electoral de “acabar rápidamente con el terrorismo”, según afirmaron dirigentes políticos, quienes recalcaron que los “continuos golpes terroristas” empiezan a “minar la fe” de los colombianos en la acción del gobierno.  

    El fracaso de la operación de rescate de las diez personas asesinadas por las FARC, es un hecho negativo para el gobierno y para el país. Quizá, por eso, el propio Jefe de Estado, tras conocer la matanza, aseguró que “yo no puedo eludir responsabilidades. Las acepto”.