COLOMBIA-NICARAGUA EN PELIGROSO ENFRENTAMIENTO  

    Nicaragua y Colombia comenzaron el lunes 28 de abril su “particular batalla” jurídica ante la Corte Internacional de La Haya (CILH) por la soberanía de las Islas de San Andrés y Providencia, que por tratados internacionales pertenecen al país suramericano, pero ya los “vientos de guerra” empiezan a recorrer ambos países, y una posible “confrontación bélica” no está tan lejana en el horizonte de América Latina.  

    El gobierno nicaragüense oficializó su demanda ante esa Corte el 4 de diciembre de 2002, y un día después Colombia aceptó la competencia de ese Tribunal, lo que a juicio de varios jurídicos, entre ellos el ex ministro Jaime Pinzón López, no ha debido ocurrir.  

    “Colombia no puede seguir cayendo en la trampa de meterse en un litigio sin razón de ser porque los tratados de límites son intangibles y perpetuos. Colombia ha debido rechazar la demanda y no concurrir a la Corte”, declaró Pinzón López al importante e influyente diario El Tiempo, de Bogotá.  

    Ya en épocas del gobierno “sandinista”, cuando Nicaragua estaba gobernada por Daniel Ortega, este país centroamericano expresó una “opinión disparatada”, a juicio de los expertos colombianos, sobre su soberanía en aquellas islas y unos cayos menores –entre ellos los de Roncador y Quitasueños- que conforman una intendencia insular de Colombia en el mar Caribe, de 44.000 kilómetros cuadrados y 25.000 habitantes.  

    Nicaragua pretende sacar a licitación internacional la exploración de petróleo en “aguas que no son suyas”, porque según el gobierno del presidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez, su país cuenta con un “tratado que no puede ser disuelto a la luz de ninguna norma internacional: el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 por ambas naciones”.  

    La delegación colombiana, posiblemente, sustentará que la Corte Internacional de La Haya no es competente para hacer nuevas delimitaciones, según la pretensión nicaragüense. Así lo señala el ex ministro Alberto Lozano Simonelli, autor del libro “La Amenaza de Nicaragua”.  

    La situación, de todas formas, no es favorable para ninguno de los dos países “enfrentados sin razón”,  y en Colombia se está señalando en círculos políticos que la actitud nicaragüense “puede incitar a apelar a otros recursos”, aunque sin especificar con claridad  si se refieren a una actitud bélica.  

    El propio presidente Uribe Vélez anunció que Colombia enviará unidades del ejército y de la marina para ejercer labores de vigilancia en las “aguas que le pertenecen” y que ellas actuarían de “acuerdo a las circunstancias”, aunque ambos gobiernos son conscientes de la gravedad que encerraría una guerra colombo-nicaragüense.  

    No obstante, el senador liberal Luis Guillermo Vélez, crítico con la actitud del gobierno y, sobre todo, con lo que califica de “actitud pasiva y negativa” de la ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, afirmó que “estamos ante una eventual confrontación bélica con Nicaragua”.  

   Al extenderse en su crítica contra la ministra –Canciller en el lenguaje diplomático y político de América Latina-, Vélez expresó su oposición a la actitud de Carolina Barco por “la forma tan tibia como ha manejado la situación con Nicaragua”, cuando este país “insiste en seguir adelante con una licitación para explorar petróleo en aguas colombianas del mar Atlántico”.  

    Vélez añadió que “Nicaragua debe respetar los tratados firmados en 1928, porque las aguas son de Colombia y no pueden tratar como un diferendo, porque ya están bien delimitadas”.  

    Colombia también mantiene un diferendo con Venezuela, que data de más de 60 años, por la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela, en donde existen grandes cantidades de petróleo. No obstante, esta disputa está aparcada hace varios años.  

    Cuando a principios del actual año Nicaragua sacó a licitación la explotación petrolífera en aguas que Colombia asegura son suyas, el gobierno de Uribe advirtió a las  empresas norteamericanas que no participasen en ella porque ese territorio marítimo es “propiedad colombiana”, por lo que “debían atenerse a las consecuencias jurídicas”. Tres compañías norteamericanas, no obstante, hicieron ofertas a Nicaragua.  

    El propio ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Norman Caldera, aseguró que si se presentan ofertas de compañías petroleras para áreas colombianas que su país considera en disputa, la propuesta quedará “pendiente hasta que se resuelva el litigio en La Haya”.  

    Desde el 28 de abril Nicaragua empezó a sustentar jurídicamente ante la CILH las causas por las cuales reclama la soberanía sobre el archipiélago sanandresano, lo que otorgará cierta ventaja a Colombia para conocer esas razones, porque le permitirá saber con exactitud si debe acudir a las “excepciones preliminares”, una figura jurídica que podría convertirse en la “mejor contraofensiva”, porque con base a ellas se argumentará que esa Corte no tiene autoridad ni competencia para decidir sobre el caso.  

    Colombia ha calificado como “un destape” de Nicaragua su argumentación porque “desde ahora se conocerá cuáles son las armas concretas que tiene este país en su Memoria”. La Memoria es un documento que expone las argumentaciones jurídicas por las que el país centroamericano reclama la soberanía. Colombia tiene un plazo de 14 meses para redactar su “contramemoria”, según explicó el embajador en Holanda Vladimiro Naranjo, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, experto en este tema y miembro de la delegación colombiana a la reunión con la CILH.  

    El “uso de la fuerza” para hacer respetar su soberanía anunciado por Uribe si se produce un intento de explorar en esas aguas, fue rechazado por Nicaragua, cuyo gobierno aseguró que “no será necesario llegar a esos extremos”. Pero en Colombia se considera que tras el frustrado intento del “sandinismo” hace ya más de diez años, no se “puede fiar” de un país y un gobierno que insisten en su “tesis equivocada para reclamar un territorio que no le pertenece”. Las espadas, de todas formas, están en alto.