VENEZUELA: GOBIERNO DESMIENTE PREACUERDO PARA  REFERENDO  

    Las esperanzas para que en agosto pueda realizarse un referendo para definir si el pueblo quiere o no que siga al frente de la presidencia de Venezuela el ex coronel golpista Hugo Chávez Frías, parecieron esfumarse cuando el gobierno anunció que “no había sido consultado” sobre un preacuerdo con la oposición, en negociaciones adelantadas bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldadas por la estadounidense Fundación Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

    El Secretario General de la OEA, César Gaviria Trujillo, ex presidente de Colombia, a través de su portavoz Fernando Jaramillo, anunció el 11 de abril en Caracas el acuerdo alcanzado con la Coordinadora Democrática (que agrupa a toda la oposición política, empresarial y sindical) en la “mesa de negociación” de la que hacen parte diez miembros, cinco por este organismo y cinco por el gobierno.  

    La fecha coincidió, casualmente, con el primer aniversario del fallido golpe contra Chávez, que fue desposeído del poder en el año 2001, pero 48 horas después se reintegró a él, desalojando al presidente de la Patronal, Pedro Carmona, que le había sustituido en la Jefatura del Estado.  

    Un día después del anuncio de este preacuerdo, el edificio Caracas Teleport, donde tiene su sede la “mesa de negociación y acuerdos”, fue atacada con la explosión de una bomba que la oposición achacó a miembros de la “organización bolivariana” que respalda a Chávez.  

    Según la OEA, el preacuerdo contará con el aval del ex presidente estadounidense Jimmy Carter, a quien le fue enviado, y las “partes los suscribirán” después de la Semana Santa.  

    Sin embargo, el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, declaró al periódico caraqueño “El Universal”, que “el gobierno no está preparado para suscribir el proyecto de acuerdo del referendo revocatorio, porque falta la aprobación del presidente Chávez”, y puso en duda que vaya a ser suscrito el 22 de abril, desmintiendo así la fecha dada por la propia OEA.  

    Rangel puntualizó que el “proyecto quedó para consulta tanto de la oposición como del gobierno. Nosotros estamos estudiando ese documento, y una vez transcurra la Semana Santa daremos una información al respecto”, por lo que se considera difícil, en círculos diplomáticos y políticos, que se firme algún documento de manera casi inmediata.  

    De todas formas, el vicepresidente aclaró que el gobierno “está dispuesto a poner los recursos que demande su realización (del referendo)” y que el gobierno “respeta cualquier consulta popular o votación”.  

    La Coordinadora Democrática obtuvo el respaldo de 3.7 millones de venezolanos para la realización del referendo, para así ajustarse al artículo 72 de la Carta Magna reformada en 1999. La norma expresa que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables una vez transcurrida la mitad del periodo para los que fueron elegidos, si se cuenta con un porcentaje no menor del 25 por ciento de los electores inscritos.  

    Para la CD el respaldo de 3.7 millones de electores es suficiente para que se fije “la fecha del referendo”, porque está segura que “lo ganará ampliamente”, pero Chávez, en su habitual programa radiotelevisado “Aló, presidente”, calificó como “chimbas (falsas) más de la mitad de las firmas recogidas”.  

   Mientras la situación política continúa, por tanto, sin aclararse, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), volvió a arremeter contra el gobierno de Chávez, por las recientes investigaciones y órdenes de detención contra directores de medios de comunicación del interior de Venezuela, que “han denunciado corrupción en la administración” del presidente.  

    “Parece tratarse de represalias de funcionarios estatales de alto rango, a quien se ha señalado por el presunto manejo irregular de la administración pública”, afirmó en un comunicado el periodista dominicano Rafael Molina, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.  

    El organismo destaca la citación por un tribunal de justicia al presidente del diario El Siglo, de Maracay, Tulio Carriles Hernández, y la apertura de una investigación contra José Materán Tulane, director de los diarios La Voz y La Región, del estado de Miranda, por haber publicado un aviso de la opositora CD.  

    Estas situaciones, para la SIP, “no están aisladas del contexto de tensión en Venezuela entre las autoridades y la prensa”, que se agrietó mucho más tras la huelga general de 63 días que se inició en Venezuela el 3 de diciembre de 2002.  

    La crisis que Venezuela afronta desde hace un año sigue creciendo y, nuevamente, las posturas parecen irreconciliables, hasta el punto que el historiador Agustín Blanco afirmó que el gobierno de Chávez “interpondrá una serie de obstáculos” para evitar la realización del referendo revocatorio en agosto, mientras el dirigente político Alfredo García señaló que “aquí, lamentablemente, no habrá ningún referendo revocatorio, ninguna enmienda ni ninguna salida electoral mientras esté este gobierno”, máxime cuando está atacando con vehemencia a la libertad de prensa.