CUBA: “JUICIOS INJUSTOS Y CONDENAS ARBITRARIAS”: UE  

    La Unión Europea (UE) señaló, en una declaración pública, adoptada por unanimidad, que los “juicios son injustos y las condenas arbitrarias y excesivas”, en relación con la “decisión política” adoptada por el gobierno cubano contra varios opositores condenados a largos años de prisión y contra otras tres personas, a quienes aplicó la pena de muerte, por el secuestro de una lancha de pasajeros.  

    Los 15 ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprobaron el 14 de abril en Luxemburgo una enérgica condena contra esas “decisiones” de una justicia inclinada al presidente cubano, Fidel Castro, que muestran “un deterioro suplementario de la situación de los derechos humanos” en la isla.  

    Una clara y lógica advertencia hicieron también los “15”: esos lamentables sucesos y actos “afectarán las relaciones de Cuba con la Unión Europea” y a la perspectiva de un incremento de la cooperación entre ambas partes”, en referencia a la candidatura de adhesión de Cuba al Convenio de Control de Cotonú, encargado de regular una “razón privilegiada” entre la UE y los estados menos desarrollados en  Africa, el Caribe y el Pacífico.  

    El régimen cubano, más que los tribunales de justicia, como lo denunciaron opositores en La Habana y Miami, condenó el 6 de abril a 33 personas de 79 detenidos -el 20 de marzo-  a severas penas, como la de 27 años de cárcel al reportero gráfico Omar Rodríguez Saludes, y a 26 años al periodista Víctor Rolando Arroyo.  

    Asimismo el poeta y periodista Raúl Rivero, representante de Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a 20 años de cárcel; Héctor Palacios, dirigente opositor a 25 años, y Martha Beatriz Roque, que dirige la Asamblea para Promover la Sociedad Civil a 20 años. Otros miembros oposicionistas condenados por disentir fueron Roberto Miranda y Antonio Díaz Sánchez (a 20 años cada uno), Regis Iglesias (18 años) y Efrén Fernández (12 años).  

    La pena de muerte, “sentenciada” por el Tribunal de La Habana se aplicó a Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, considerados los “cerebros” de un grupo de once personas que el dos de abril secuestró una lancha de pasajeros con el objetivo de llegar a Estados Unidos “para huir del régimen represivo y brutal”, según dijeron antes de morir. Su deseo de libertad lo pagaron con sus vidas el 11 de abril, mientras otros cuatro de sus compañeros de aventura fueron sentenciados a cadena perpetua, uno más a 30 años y tres mujeres a penas de entre dos y cinco años de cárcel.  

    Estos once secuestradores tuvieron un rapidísimo juicio, que no alcanzó a durar siquiera 72 horas, lapso en el cual los “jueces comprados por el régimen” –como dijeron en Miami varios dirigentes de la oposición- tuvieron “tiempo, y les sobró, para atentar contra los derechos humanos y jurídicos sin ningún miramiento”.  

    Las restantes 36 personas –entre tripulantes y pasajeros- de las 47 que realizaban el viaje hasta La Habana y cuya ruta fue desviada por los once secuestradores hacia La Florida (Estados Unidos) no sufrieron ningún atentado, por lo cual las penas de muerte y de prisión son desproporcionadas para la opinión pública mundial.  

    El gobierno cubano, a través del ministro de Relaciones Exteriores (canciller), Felipe Pérez Roque, y de la embajadora  en España, Isabel Allende,  justificaron esas “violaciones de los derechos humanos”, con el nimio calificativo de que fueron medidas “excepcionales” por la situación que vive la isla.  

    La embajadora fue mucho más allá, al señalar que “ningún país ha dejado de comerciar, dejado de invertir o anunciar que piensa romper sus relaciones diplomáticas con Cuba”, por lo que considera que su país “ha actuado pulcramente” tanto en el caso de persecución y las elevadas penas de prisión para los opositores como las de la pena de muerte aplicadas a los tres piratas acuáticos.  

    La ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, en rueda de prensa que ofreció en Luxemburgo tras la expedición del comunicado de la UE,  calificó de “graves los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba”, y señaló que de acuerdo con las informaciones que poseen los 15 gobiernos, se tiene “la impresión que los juicios adolecen de falta de garantías esenciales”, tales como el tiempo adecuado para que los abogados pudieran preparar la defensa, la publicidad de los cargos y otros por el estilo.  

    El grupo de los “15” reclamó a Castro la “inmediata liberación de todos los prisioneros políticos”  e hizo una severa advertencia: la Unión Europea vigilará, de ahora en adelante, “muy de cerca” la evolución de la situación en Cuba, para adoptar medidas especiales en el futuro.  

    La condena de los opositores, para la UE, según Ana Palacios, representa “violaciones de los derechos humanos” y las que atañen a la pena capital “ya tienen un rechazo cualitativo en Europa”, porque, precisamente, una de las banderas de esta Unión de países del viejo continente es “estar contra la pena de muerte”.  

    Como siempre ocurre en Cuba cuando hay un hecho similar, Fidel Castro busca, según los opositores, “desviar la atención” de la opinión pública mundial y “ahora se hace el macho” al retar a Estados Unidos a una confrontación bélica, para la cual, “dice el dictador”, la isla está preparada para afrontarla durante 100 años.  

    La desafiante afirmación la hizo Castro durante un acto dedicado a celebrar el primer aniversario de la reposición en el poder, tras un fracasado “golpe de opinión” de su “amigo y obsecuente servidor”, como lo califica la oposición venezolana, Hugo Chávez, y durante el cual expresó que las autoridades del actual gobierno estadounidense “no saben nada y no tienen talento político”.  

    Mientras, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, “dando una vez más muestras de su debilidad e incapacidad”, a juicio de voceros de varios países, aprobó el 17 de abril una tibia condena y pidió al gobierno de Castro que permita la entrada a ese país de un representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y facilite su trabajo. Pero, en cambio, dejó en el “limbo” una resolución presentada por Costa Rica en la que se condenaba tajantemente al régimen por el procesamiento de los 75 disidentes y exigía su “inmediata liberación”. Esta última resolución la votó en contra Venezuela.