CUBA: DISENTIR TIENE UN LUGAR SEGURO: LA CARCEL  

    La cárcel es el “lugar seguro” a la que van a parar en Cuba los disidentes al gobierno de Fidel Castro, por la carencia de “libertad de expresión y de opinión” que allí rige desde que se inició el “gobierno revolucionario”, y que una justicia “adicta y servil” al régimen, como lo denuncian los opositores, se encargó de demostrar con las severas penas aplicadas a 33 personas el 6 de abril, en un fallo criticado por los gobiernos democráticos del mundo.  

    Los tribunales cubanos castigaron severamente, con penas que van desde los diez hasta los 27 años, a 33 disidentes, de los 79 detenidos el 20 de marzo, acusados de “atentar contra la seguridad del Estado y colaborar con Estados Unidos”. A los otros 46 le esperan condenas similares, porque como lo denunciaron los opositores a través de periodistas internacionales –los de Cuba, dijeron, son adictos al gobierno, que les favorece por guardar “cómplice silencio”-, el “régimen corrupto de Castro quiere impedir a toda costa que se conozca la verdad de lo que ocurre en Cuba”.  

    Dentro del grupo de los nuevos condenados –la cifra ya asciende con estos 33 a un total de 75- se encuentra el poeta y periodista Raúl Rivero, de 57 años, quien es el representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y fue sentenciado a 20 años de cárcel. También el dirigente opositor Héctor Palacios, de 62 años, lo fue a 25 años, y Martha Beatriz Roque, economista de 57 años que dirige la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, y quien fue liberada en el año 2000 tras cumplir tres años de reclusión, deberá cumplir otros 20 años de prisión.  

    De acuerdo con lo denunciado por Payá, Martha Beatriz Roque organizó un acto en su residencia, al que asistió el diplomático estadounidense James Cason y por ello fue “injustamente condenada”.  

    Otros miembros de la oposición condenados fueron Roberto Miranda y Antonio Díaz Sánchez (20 años cada uno), Regis Iglesias (18 años) y Efrén Fernández (12 años), mientras que las mayores penas se impusieron al reportero gráfico Omar Rodríguez Saludes, de La Habana, a 27 años, y al periodista Víctor Rolando Arroyo, de Pinar del Río, a 26 años de cárcel.  

    A pesar de la “severidad de las condenas”, miembros de la disidencia, a través de Oswaldo Payá, anunciaron que “continuarán con su labor opositora” y que no cejarán en seguir “reclamando los derechos de todos y continuando la campaña por el Proyecto Varela”, que tiene recogidas cerca de 15.000 firmas de residentes cubanos.  

    El “Proyecto Varela es una iniciativa de la oposición para reclamar reformas constitucionales que permitan una mayor apertura política y económica y la celebración de un referéndum sobre el cambio político en Cuba”, país que es gobernado con “mano dura y dictatorial”, señalan los disidentes, por Fidel Castro desde enero de 1959 cuando triunfó la revolución que derrocó al presidente Fulgencio Batista.  

    Precisamente es Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), el principal promotor de ese proyecto, que ha logrado aglutinar a la mayoría de la disidencia cubana, y quien anunció que a pesar de la “injusticia y de la farsa”, todos los opositores “vamos a continuar luchando y recogiendo firmas porque nadie nos va a atemorizar”.  

    El director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, entidad declarada ilegal por el régimen castrista, afirmó que  “el gobierno tiene una prisa enorme de que todo esto termine, de principio a fin, y que quede dentro de la crisis de Irak” con el único objeto de “reducir el impacto internacional de esta ola represiva”, pero señaló que “este oscuro y deliberado propósito no lo va a conseguir”.  

    Los tribunales cubanos de justicia consideraron que todos los disidentes “habían apoyado la controvertida ley estadounidense Helms-Burton, el bloqueo, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras similares medidas encaminadas a menoscabar la independencia, integridad y soberanía del Estado cubano”.  

    La gran mayoría de los países democráticos, empezando por España y Cuba, que lo hicieron a través de los ministros de Exteriores, Ana Palacio y Luis Ernesto Derbez, respectivamente, criticaron esas sentencias y mostraron su preocupación por las condenas a los disidentes.  

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunció la “falta de libertad y la persecución contra los periodistas y contra quienes disienten del gobierno”, calificando de “peligrosa y aberrante” la  actitud de la justicia, y solicitando la libertad de todos, incluyendo, naturalmente, a su representante en Cuba Raúl Rivero.  

    También el ex presidente norteamericano Jimmy Carter, premio Nobel de la Paz 2002, había pedido a Fidel Castro, a finales de marzo, que fuesen “inmediatamente liberados” todos los disidentes detenidos, señalando que “llamo al gobierno cubano a respetar esos derechos y a abstenerse de detener o acosar ciudadanos que están expresando sus opiniones pacíficamente”.  

    Carter también, durante la visita que efectuó a Cuba en mayo de 2002, defendió el Proyecto Varela al considerar que “constituye un buen camino para iniciar una amplia serie de reformas que la Isla necesita tanto a nivel político como económico”, y se entrevistó allí con Payá y otros miembros de la oposición.  

    De todas formas Payá y quienes estén en la oposición al gobierno saben que mientras su país se encuentre gobernado por Castro sus posibilidades de “libertad serán nulas”, como lo dijo este dirigente, para quien “ni la cárcel ni las medidas arbitrarias nos detendrán porque sólo buscamos un país libre en donde no se persiga ni se encarcele a quienes disientan del régimen”. Por ello insistió en que “ni las amenazas ni las persecuciones, como tampoco la cárcel, van a detenernos en ese propósito, porque todos queremos, de verdad, una Cuba libre”.