PAISES BOLIVARIANOS FORTALECEN LUCHA CONTRA NARCOTERRORISMO  

    Los países bolivarianos –Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú- y los delegados de otros países acordaron fortalecer  su lucha contra el narcoterrorismo, durante una reunión celebrada en Bogotá, y en la que adquirieron ese compromiso en una Declaración de ocho puntos.  

    A la reunión asistieron observadores de Estados Unidos y de la Comunidad Europea (CE), para otorgar su respaldo a los países firmantes y prestarles en el futuro toda la indispensable colaboración para que esa lucha obtenga “positivos resultados” y poder acabar, en el menor tiempo posible, con ese “doble flagelo” que amenaza a toda la humanidad.  

    Dentro de los compromisos adquiridos, los países firmantes señalaron su compromiso para cumplir con las disposiciones que contra el terrorismo han aprobado el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

    El Documento consagra que los países que lo suscriben acordaron “iniciativas con el fin de enfrentar los desafíos que genera el terrorismo y la creciente conexión que existe entre este flagelo y la delincuencia transnacional organizada”, al igual que lucharán activamente contra el lavado de activos, el tráfico de armas y la circulación ilícita de otros materiales letales.  

    El enorme e ilícito negocio del tráfico de drogas, que tiene a Colombia, Brasil y México como sus principales autores, ha encontrado el apoyo de los terroristas que lo vieron como una “fuente especial de ingresos” y así unos y otros “andan de la mano” exportando estupefacientes y cometiendo atentados, crímenes y secuestros.  

    Aunque campesinos e indígenas de Bolivia y Perú tenían en el sembrado de la hoja de coca “enormes ingresos” por la venta que hacían de ella a los países productores –Colombia y México, especialmente, que la transformaban en cocaína-, los fueron perdiendo porque dejaron de ser los “principales vendedores”.  

    Colombia y México resolvieron, a través de sus “poderosas mafias”, convertirse también en “productores de la hoja de coca” y aprovecharon enormes extensiones de tierra y la precariedad económica de grandes y marginadas poblaciones, para introducirlas en su ilícito negocio. Pero, además, con los enormes ingresos de dinero –que lavan con la colaboración de decenas de bancos y organismos económicos del mundo- pueden comprar sin problemas los precursores químicos que son indispensables para la producción del estupefaciente y las más modernas armas para sus atentados.  

    Son los países desarrollados los principales vendedores de esos precursores químicos y armamentos, especialmente Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. De ahí la importancia sobre su participación en la reunión de Bogotá y el apoyo otorgado en la lucha contra esas bandas criminales organizadas. Falta ver ahora, si en la práctica, esa colaboración es sincera.  

    Recientemente en Perú, campesinos e indígenas productores de la hoja de coca, llevaron a cabo una huelga que resultó accidentada y violenta, para protestar por el compromiso que adquirió el gobierno de su país con el de Estados Unidos para adelantar una campaña de sustitución de cultivos que acabe con la producción de esa indispensable materia prima para la elaboración de la cocaína.  

    Los firmantes de la Declaración de Bogotá anunciaron que promoverán el enfrentamiento eficaz del problema de las drogas y sus delitos conexos fundamentados en los instrumentos internacionales vigentes y que coordinarán acciones para “el control de su producción ilícita, transformación y tráfico, desvío de precursores químicos”, así como el “tráfico de armas, lavado de activos y en la reducción de la demanda”.  

   Asimismo, para que la lucha tenga “resultados beneficiosos” acordaron “coordinar iniciativas con el fin de enfrentar los desafíos que genera el terrorismo” como una forma de evitar que este siga “metido de lleno” en la producción y venta de drogas.  

    Para ello anunciaron que “se concentrarán en el control de sus fuentes de financiación, aprovisionamiento logístico y búsqueda de apoyo para sus acciones”.  

    En la Declaración se incluyó la promoción en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de los esfuerzos necesarios para “unificar los listados de sustancias químicas controladas, estupefacientes, sicotrópicos y precursores”.  

    La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Carolina Barco, al referirse a la reunión y sus resultados, expresó que fueron “buenos y muy satisfactorios”, porque “acordamos ser efectivos en cerrar nuestras fronteras, con información y trabajo coordinado. Salió un compromiso muy importante en este sentido”.  

    Ese fortalecimiento en la lucha contra el narcoterrorismo servirá mucho para evitar que continúe la descoordinación política, al menos en la zona bolivariana, y que algunos países no se hayan tomado en serio esa lucha, algunas veces por afinidades políticas o, en otras, por simpatías hacia movimientos terroristas, porque esa región como el resto del mundo están amenazados seriamente por inescrupulosas mafias y bandas que han hecho del narcoterrorismo su principal fuente de ingreso.