NICARAGUA: VELADA AMENAZA DE GUERRA A COLOMBIA  

    El gobierno de Nicaragua lanzó el 25 de enero de 2004 una “velada amenaza de guerra” a Colombia en relación con la disputa por la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia y de unos cayos menores que conforman una intendencia insular  en el Mar Caribe con un total de 44.000 kilómetros cuadrados y entre 25.000 y 30.000 habitantes.  

    “Nosotros creemos que si no se resuelven las cosas (el conflicto) por la vía de la solución pacífica, pues lo que se está invitando es a que continúe, o peor aún, a que se encuentren otras soluciones”, afirmó desde la población de Granada, al sur de Managua, el ministro de Relaciones Exteriores (canciller) nicaragüense, Norman Caldera, en declaraciones a “Radio Nicaragua”.  

    Las divergencias por la propiedad de esa región caribeña data de 1980, cuando gobernaba Daniel Ortega, del Partido Sandinista, quien afirmó que esas islas y sus cayos le pertenecían a Nicaragua, lo que originó un desmentido inmediato del gobierno colombiano, el cual precisó que el país centroamericano estaba equivocado y que desde 1928 a través del Tratado Esguerra-Bárcenas  se le otorgó la plena soberanía al país suramericano.  

    El gobierno colombiano al conocer que el 6 de diciembre de 2001 el de Nicaragua oficializó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, alegando la propiedad de las islas de San Andrés y Providencia y de los cayos de Roncador, Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo y Serranilla, que se encuentran en el Océano Atlántico, constituyó una comisión jurídica, encabezada por el embajador en Cuba, Julio Londoño Paredes, que el 21 de julio de 2003 entregó ante aquel organismo  de justicia  las “excepciones preliminares” contenidas en 300 páginas para desmentir la denuncia nicaragüense.  

    En sus declaraciones a “Radio Nicaragua”, el canciller Caldera indicó que Nicaragua presentará de inmediato sus argumentos en relación con los esgrimidos por Colombia en julio pasado  y que su gobierno “está seguro que ganará el juicio”, porque “le asiste el derecho, la historia y la razón”. El gobierno colombiano, incluso, considera que la CIJ, no es competente para fallar sobre este asunto, pero Nicaragua piensa lo contrario.  

    Pero aunque Caldera dijo que “quisiera que los asuntos internacionales se resuelvan por la vía del derecho y la solución pacífica de las controversias”, reiteró su “velada amenaza” al afirmar que “no quisiera pensar yo en ningún otro tipo de solución más que la solución pacífica de las controversias”.  

    Si bien el gobierno que presidía Ortega en 1980 declaró que “desconocía la validez del tratado suscrito en 1928” y este mismo argumento lo utiliza el actual presidido por Enrique Bolaños, para el de Colombia no existe ninguna duda acerca del país al que pertenece la soberanía.  

    Para el gobierno de Uribe, Colombia cuenta con “un tratado que no puede ser disuelto a la luz de ninguna norma internacional: el tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928 por ambos países”. Este Tratado fijó los límites con Nicaragua y Colombia, y desde mucho antes de ese año “ha ejercido su plena soberanía en la zona”.  

    Según Nicaragua, el tratado se firmó cuando ese pequeño país centroamericano estaba intervenido por tropas de ocupación del ejército de Estados Unidos, que desembarcaron en agosto de 1912 en Corinto, hasta mayo de 1929 cuando se firmó el tratado de Tipitapa, que puso fin a la guerra civil, aunque los marines permanecieron en Nicaragua hasta 1932 después que Estados Unidos impusiera  como presidente al médico y político Juan Bautista Sacasa, que en 1936 fue derrocado por Anastasio Somoza.  

    Los “marines” tuvieron que enfrentarse a la guerrilla comandada por César Augusto Sandino, que depuso las armas en 1933 y un año más tarde fue asesinado, al parecer con la anuencia del gobierno presidido por Sacasa.  

    La controversia jurídica también envuelve a Honduras, que está acusado ante la CIJ, porque en el año 2000 ratificó un tratado de límites con Colombia. Nicaragua alega que este tratado colombo-hondureño le está quitando 130.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en el Caribe, lo que hondureños y colombianos niegan rotundamente, porque “el tratado sólo se ha hecho sobre límites que son propiedad soberana de estas dos naciones”.  

    Colombia ha dicho a través del ministerio de Relaciones Exteriores que no está dispuesto a ceder un ápice en este conflicto, ya que el territorio que pretende Nicaragua “nos pertenece completa y absolutamente”; también porque, como lo dijo el jurista e internacionalista Jaime Pinzón López, “los tratados de límites son intangibles y perpetuos”.  

    Tampoco a Colombia le preocupa la “amenaza velada” del canciller Caldera porque “siempre hemos sido un país opuesto a discutir sus controversias a través de la vía bélica”, pero “eso no quiere decir que si llega un momento determinado, vayamos a agachar la cabeza y rendirnos ante Nicaragua. Este país es el que debe sopesar, y muy bien, las consecuencias de las declaraciones de su ministro”.  

    Ya en abril pasado, el senador por el Partido Liberal Luis Guillermo Vélez había pedido al gobierno colombiano “mantener una actitud firme y activa” ante la “extravagante e irreal petición nicaragüense” porque, afirmó, “estamos ante una eventual confrontación bélica con Nicaragua”. Después de escuchar las recientes declaraciones de Caldera, ese parlamentario no estaba ni un ápice desorientado.  

    Este peligroso enfrentamiento, del que en Colombia se acusa directamente a Nicaragua, dio un paso importante para acrecentarlo cuando el gobierno de este país a través del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) adjudicó el 12 de mayo de 2003 seis áreas para explotaciones petroleras en el Mar Caribe a empresas estadounidenses.  

    El gobierno de Bolaños manifestó en esa época, que los contratos fueron adjudicados “en nuestras propias aguas jurisdiccionales”, al oeste del meridiano 82 y entre los paralelos 12 y 15. Las islas colombianas de San Andrés y Providencia y los cayos están localizados al este del meridiano 82 a unos 900 kilómetros al este de la capital, Managua.  

    Está bien que el canciller Caldera “no quiera pensar” en “ningún otro tipo de solución”…más que la pacífica. Pero él está obligado, por su cargo, a ser más diplomático y no a “lanzar la piedra y esconder la mano” con sus veladas insinuaciones bélicas. Hay en América un dicho que expresa que “perro que ladra, no muerde”. Pero no debe olvidar que los ladridos despiertan y enfurecen a los demás.  

    De todas formas, Nicaragua y Colombia están obligadas a entenderse civilizadamente. Ya cuando Daniel Ortega quiso echar un “farol”, hubo mucha gente en Nicaragua, incluyendo a muy prestigiosos juristas, ex ministros e internacionalistas, que desaconsejaron una reclamación. Pero si ahora las circunstancias vuelven a ser como las de 1980 para el gobierno de Nicaragua, las de Colombia se remontan a 1928 cuando se firmó el Tratado Cárdenas-Bárcenas.