El gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su pública discrepancia sobre la manera como se respetan los derechos humanos en el país  y mientras el Ejecutivo, a través del vicepresidente, Francisco Santos, pidió que se “constate la legitimidad” de las acciones contra los terroristas, el organismo internacional solicitó a las bandas armadas y a la fuerza pública “respetar a la población civil”.  

    La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bogotá, durante su informe anual correspondiente a 2002, señaló que la violencia se ha agudizado en Colombia, al tiempo que Santos, ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, cuestionó la tesis que culpa “sólo a los Estados de la violación de los derechos humanos”, pues, a su juicio, “el mundo es testigo de las prácticas ilegales, como ejecuciones sumarias, torturas y secuestros que perpetran sistemáticamente los grupos subversivos y de autodefensa (paramilitares)”.  

    “Estamos enfatizando la degradación muy triste y negativa que se ve en la guerra por los métodos utilizados”, dijo el Delegado de Naciones Unidas en Colombia, Michael Frohling, aunque aclaró que “es importante subrayar aquí métodos inaceptables y degradantes” empleados los las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).  

    Mencionó, entre esas prácticas, las ejecuciones arbitrarias, torturas, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados y acciones que “implican el uso desproporcionado de la fuerza, como los atentados terroristas”.  

    El informe del Alto Comisionado de la ONU califica “de crítica” la situación de los derechos civiles y políticos de los colombianos a lo largo de 2002, que se han caracterizado por crímenes contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios selectivos.  

   Santos dijo en Suiza que el gobierno pidió al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU la ampliación a cuatro años del acuerdo para la permanencia de su oficina en Bogotá, y ante delegados de los 53 países miembros de la Comisión, describió el escenario colombiano señalando que en 2002 por cada miembro de las fuerzas de seguridad muerto, por lo menos seis civiles fueron asesinados, y por cada  soldado o policía convertido en rehén, 43 civiles eran secuestrados.  

   El informe suscrito por Frohling advierte que en las llamadas “zonas de rehabilitación”, los agentes de la fuerza pública son los mayores responsables de esos graves abusos de poder “en omisión o en abierta connivencia con el militarismo”.  

   Santos, por su parte, reclamó que más allá de mantener una perspectiva exclusivamente jurídica, se incluya una dimensión ética para que los “grupos armados”, reconocidos como terroristas por Estados Unidos, la Unión Europea y la propia ONU, además de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sean señalados como “violadores de los derechos humanos”.  

    El informe de la ONU avala, sin conocer previamente la intervención de Santos en Ginebra, esas acciones de las bandas terroristas, al exhortar a los “grupos irregulares” a “abstenerse de emprender acciones que afecten el goce de los derechos humanos de la población civil y disminuya la capacidad del Estado colombiano para cumplir  la obligación de protegerlos y garantizarlos”.  

    La ONU pidió, dentro de varias demandas específicas a las bandas criminales, que liberen a todos los secuestrados “sin condiciones” y para que abandonen el uso de minas antipersonas, e instó a gobierno y grupos armados a “no escatimar esfuerzos para establecer contactos que permitan acabar con la guerra a fin de conseguir una paz duradera”.  

    Para Frohling, la violencia en el país se agudizó desde que se interrumpió el diálogo de paz con las FARC, el 12 de febrero de 2002, y se suspendieron los contactos con el Eln en diciembre del mismo año.  

    El informe no contempla, sin embargo, el fracaso de la propia ONU a través de su anterior delegado con Colombia, James Lemoyne, que apoyó a las FARC, aún sabiendo que estas no querían negociar la paz con el gobierno del anterior presidente Andrés Pastrana Arango, y que aprovechó la cesión de un territorio de 42.139 kilómetros en El Caguán para reforzarse económicamente a través del narcotráfico, comprar con esos dineros mal habidos el más moderno armamento y recibir instrucción directas de  los grupos terroristas ETA e IRA para cometer atentados y perfeccionar sus técnicas criminales.  

    Santos pidió a la  Comunidad Internacional “valorar correctamente” a los grupos armados ilegales y lamentó que algunos gobiernos “pretendan que éstos están constituidos por luchadores sociales”.  

    “El gobierno del presidente Alvaro Uribe no está dispuesto a alcanzar la seguridad a costa de perder su legitimidad”, dijo, y aseguró que las Fuerzas Armadas han recibido “instrucciones claras de respetar los derechos humanos”.  

    La ONU pidió al gobierno fortalecer el sistema de alerta temprana la Defensoría del Pueblo, que permite evitar ataques a poblaciones, también el fortalecimiento de  los organismos de control en las zonas de orden público, mejorar los programas de protección a personas en riesgo, acabar con la impunidad judicial, cortar los nexos entre algunos miembros de la fuerza pública y los paramilitares y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.  

   Pero también hubo una respuesta de Santos, que lamentó la contradicción en la que caen quienes “piden la seguridad para todos y al mismo tiempo objetan las medidas adoptadas en este sentido” y defendió varias iniciativas gubernamentales para luchar contra la violencia, entre ellas la de “formación militar de campesinos”, que son  “formados de la misma manera que los soldados tradicionales, sometidos a las mismas reglas y jerarquías”. El debate sobre los derechos humanos está servido en Colombia.